En
un país donde el 2% del territorio concentra más del 40% de la
población y el 100% de dos de los tres poderes del Estado, las
prioridades del esfuerzo debieran llegar a la concreción de una real
autonomía regional. La lista de espera a las demandas de la comunidad suele afectar fuertemente a la Región de Magallanes y Antártica Chilena,
y eso ya lo sabe el gobernador regional electo, Jorge Flies, porque él
ya fue intendente y sabe que las decisiones son centralistas y que las
máximas autoridades regionales en las últimas décadas solo han
concentido las órdenes desde Santiago. Es como si a propósito nos
dejaran para el último, por ser esa perdida región a punto de caer del
mapa. Esto redunda en la poca capacidad de toma de decisiones que se les
otorga a nuestras propias autoridades. Por eso, esas son algunas de las
tareas que debiera mejorar nuestro gobernador regional. En la mayoría
de los casos nuestros intendentes, seremis y hasta los gobernadores
provinciales tienen que levantar el teléfono y esperar un visto bueno
desde Santiago. Eso nos retrasa demasiado. Más aun cuando se trata de situaciones como la pandemia por coronavirus.
Hay que esperar, siempre hay que esperar. Nuestras autoridades deben
demandar mayor autonomía y competencias para acometer la labor de
atender la diversidad de prioridades que se manifiestan a diario en una
extensa región como lo es Magallanes y Antártica Chilena. Esa demanda
que, en ausencia de coordinación entre autonomía y traspaso de
competencias para ejercerla, se mantiene a la espera de ser satisfecha.
La descentralización orientada al desarrollo de las regiones requiere
actualmente en Chile un
incremento del poder tanto de los gobiernos regionales como de los
actores sociales territoriales. En Chile hay una insuficiencia política y
democrática en los gobiernos regionales que limita la puesta en marcha
de una política de desarrollo. Esta insuficiencia se puede reconocer en
el problema de las competencias limitadas y en el déficit democrático, y tiene
una consecuencia de peso en la incapacidad de los gobiernos regionales
para generar procesos de integración social basados en la configuración
de una identidad territorial.