Hace
un tiempo, hablábamos del populismo penal frente a casos de delitos de
connotación pública, ahora, con la muerte de 3 Carabineros asesinados
cobardemente.
Se
ha legislado acerca de hechos ligados a la muerte de funcionarios
policiales de manera contraria a la opinión de destacados profesores de
Derecho Penal, como se le hizo saber al Congreso, por parte del
ejecutivo, pero no fueron oídos.
El
Medio El Mostrador, publicó: homicidio –en la madrugada del domingo– de
la sargento 2° Rita Olivares, generó gran conmoción pública. Fuera del
habitual aprovechamiento político en los temas de seguridad por parte de
la derecha (que responsabiliza al Gobierno) y de la izquierda (que
asegura no ser responsable de la caída libre en respaldo ciudadano en
que se halla la institución), el dramático hecho impulsó un acuerdo
unánime de los parlamentarios para legislar aceleradamente leyes que
endurezcan las penas por violencia contra Carabineros.
El
transversal apoyo a legislar en esta materia motivó la poco frecuente
decisión en el Congreso de cancelar la semana distrital de diputados y
senadores, para que los parlamentarios permanecieran estos días en
Valparaíso trabajando un paquete legislativo contundente, que demostrara
a la opinión pública y las policías que había preocupación por los
últimos eventos que han afectado a efectivos de la institución policial.
Así
comenzó ayer el frenético trabajo legislativo en la Cámara con el
objetivo de tramitar leyes emblemáticas, como la Ley Sargento Retamal y
Ley Naín 2.0, además de la antisicariato y antiextorsión. En cosa de
horas, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley
que modifica el Código Penal para agravar las penas del delito de
secuestro cuando la detención o encierro se prolongue por más de 48
horas, además de la iniciativa que busca endurecer la regulación de
armas en Chile (Ley 17.798), y que aumenta la pena por el delito de
porte de armamento en lugares altamente concurridos. En ambos proyectos,
no hubo discusión, planteamiento de mejoras ni reflexión. Se aprobaron
por unanimidad y sin abstenciones.
El
voluntarismo parlamentario, muy dado a endurecer de forma exprés
normativas penales que, en tiempos normales, requieren de una discusión
pausada para evitar la colisión con las libertades individuales, fue
dando paso –según diversos expertos– a un “peligroso populismo
punitivo”. La difusa línea entre la voluntad de mejorar la legislación
vigente para enfrentar con vehemencia la violencia delictual y el
autoritarismo, quedó reflejada en ideas de varios parlamentarios que
buscan reinstalar el Estado de Excepción en la Región Metropolitana, una
medida ampliamente usada durante y después del estallido social, en
pandemia, en la región de La Araucanía y en el norte del país, y que
convirtió al país en una de las naciones del mundo con el uso más
prolongado de esta medida constitucional de excepción.