El
sol arreciaba por el este del Centro Asistencial Docente y de
Investigación (CADI) de la Universidad de Magallanes, detrás del
hospital de Punta Arenas, cuando comenzó la cuenta pública de Javiera
Toro, la ministra de Desarrollo Social y Familia (Mideso).
La
secretaria de Estado, acompañada de las subsecretarias de Servicios
Sociales, Francisca Gallegos Jara; de Evaluación Social, Paula Poblete
Maureira; y de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, dieron cuenta de las
políticas impulsadas y promovidas en 2023, pese a que asumió la
titularidad de la partición estatal en agosto de ese año. En ese
contexto, puso en clara el desafío: “Hacerse cargo de brindar protección
social a las personas a través de políticas, planes y programas que
promuevan la integración social y la participación igualitaria en la
vida nacional”.
La
autoridad siguió estableciendo prioridades: “sentar las bases del
Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados”; seguido de “avanzar en la
implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia”; hacer más eficientes los
beneficios sociales respecto a su precisión, “legitimidad y
oportunidad”; elaborar e implementar planes de reconstrucción para zonas
afectadas por desastres naturales; y responder a los pueblos indígenas.
En ese orden.
Cuidados
En un país cuya esperanza de vida es de 81 años y que, de seguir
al ritmo actual de envejecimiento/natalidad tendría a una de cada
cuatro personas mayores de 65 años en 2050 (y que los menores de 15 años
serían, para ese entonces, el 14% de la población, “vivimos una
verdadera emergencia de los cuidados”. De ahí que el Sistema Nacional de
Apoyos y Cuidados, llamado “Chile Cuida”, cobra relevancia. Así lo
explicó la ministra Toro, señalando que “se trata de una red
intersectorial que articula servicios y prestaciones entregadas por el
Estado, las familias, las comunidades y el mercado, dirigidas a personas
en situación de dependencia por curso de vida y por motivos de salud o
discapacidad, así como también a quienes cuidan de manera remunerada y
no remunerada”.
Esta
semana se presentó al Presidente Gabriel Boric un marco regulatorio que
reconocería, de aprobarse, el “derecho al cuidado”, creando en paralelo
un “Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, para acompañar a
quienes cuidan y a quienes requieren cuidados, con corresponsabilidad
social y de género”. “Se convertirá en el primer instrumento que
orientará la acción del Estado en materia de apoyos y cuidados por los
próximos 6 años”.
En
Chile existen más de 600 mil personas con dependencia moderada o severa
con su respectiva cuidadora (son mayoritariamente mujeres).
En
ese contexto, parte de las primeras medidas de la administración actual
de Gobierno fue la creación del “Registro de Cuidadoras y Cuidadores
del Registro Social de Hogares” que, a marzo de 2024, había identificado
a más de 85 mil personas cuidadoras. Ello se tradujo en una credencial
que le permitía a cada persona una oferta preferente en los servicios
públicos. La subsecretaria Gallegos adelantó que “durante el segundo
semestre de este año, se sumarán nuevos beneficios y un conjunto de
descuentos para las personas con credencial”.
El
presupuesto en materia de cuidados subió un 25% respecto a 2023,lo que
permitió expandir la “Red Local de Apoyos y Cuidados a 50 nuevas
comunas, alcanzando un total de 140 comunas en las 16 regiones del país
este año”, destacó Gallegos.
Adultos mayores
En
materia de adultos mayores, en 2023 se inició las construcciones de
tres nuevos condominios de Vivienda Tutelada, uno de ellos en Punta
Arena. A ellos se sumaron otros 13 en diseño. Así, las proyecciones para
2025 es beneficiar a 700 adultos autovalentes. En Puerto Natales, por
otra parte, “inauguramos la residencia San Juan Diego, el primer
establecimiento inclusivo para adultos con discapacidad de la región”,
mencionó la subsecretaria.
En
el ámbito legislativo, la ministra Toro destacó el impulso de la ley
que apunta a prevenir la dependencia severa dentro del sistema “Chile
Cuida”, y el aumento de la Ley de Inclusión Laboral, que aumentaría la cuota del 1% al 2%.
La niñez
En
cuanto a niñez, a dos años de la implementación del Sistema de
Garantías y Protección Integral se crearon las Oficinas Locales de la
Niñez (OLN), que para diciembre de 2025 serán una por región.
La
subsecretaria Verónica Silva complementó que solo hacia fines de 2024
habrá 264 municipalidades con OLN instaladas. “Durante décadas, el
Estado ha actuado muchas veces cuando las vulneraciones ya han ocurrido,
y ha tenido poca capacidad de tomar las acciones adecuadas para reparar
el daño causado. Por eso, necesitamos seguir profundizando un enfoque
sistémico, donde distintas instituciones trabajen juntas para crear
sinergia entre la protección universal y la protección especializada”,
advirtió.
Sobre
la Ley de Garantías, puso énfasis en la conformación en 2023 del
“Primer Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo
objetivo es hacer efectiva su participación en las políticas, proyectos
y programas que puedan afectarles”.
Respecto
al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia (ex Sename), éste permitió “un incremento del 21% en la
cantidad de niños y adolescentes acogidos por familias externas o
ampliadas en comparación con el periodo anterior. A la fecha, el 68% de
los niños y niñas que requieren medidas de cuidado alternativo dictadas
por un tribunal están siendo cuidados por familias de acogida”, cerró
Silva.
Beneficios sociales
Hacia
el final, respecto de programas y beneficios sociales, la subsecretaria
Paula Poblete recibió una ovación cerrada al hablar del Subsidio Único
Familiar (SUF), entregado desde enero de 2024, pues permite una entrega
el beneficio de manera automática, con revisión de requisitos por parte
del Estado.
“Gracias
a la entrega automática del SUF, 390 mil niñas, niños y adolescentes de
los hogares más vulnerables del país, que previamente no accedían a
este subsidio, ahora lo reciben. Esto representa un avance significativo
en modernización y protección de los derechos de las personas, poniendo
al Estado al servicio de sus necesidades”.
Otro
ítem mencionado que fue valorado fue la baja en la Tasa Social de
Descuento (TSD), del Sistema Nacional de Inversiones, relativos a los
proyectos sociales, que bajó de 6% a 5,5%. “Esta actualización refleja
que hoy en Chile existen mejores condiciones para promover la inversión
pública, generando un panorama que facilita la proyección de la
rentabilidad social en los proyectos”.
La
ministra Toro concluyó su alocución poniendo énfasis en el
reconocimiento del pueblo selk’nam y adelantando el ánimo de participar
en 2024 de la Segunda Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social.
“Nos
queda, por supuesto, mucho por avanzar. Las persistentes desigualdades,
los cambios demográficos de nuestra sociedad y las consecuencias de las
catástrofes que estamos viviendo de manera cada vez más frecuente,
interpelan la capacidad de adaptación de nuestros sistemas de protección
social. Nuestro compromiso como Gobierno del Presidente Boric es seguir
avanzando por esa senda, logrando que el Estado de Chile sea cada vez
más efectivo a la hora de garantizar condiciones de vida dignas y
adecuadas para todos quienes habitan en nuestro territorio”, terminó.