El sindicato de asistentes de la educación de Punta Arenas, solicitó a
la Corte de Apelaciones se rechace el recurso de protección interpuesto por el
alcalde Emilio Boccazzi en contra de la
subsecretaria de Educación Valentina Quiroga y la Secretaria Regional
Ministerial de Educación Margarita Makuc, por la retención de montos de la
subvención en la Corporación Municipal y
que se remitan los antecedentes al Ministerio Público, para que se investigue y
sancione el delito de apropiación indebida por la retención y no pago de los
créditos sociales a la Caja de Compensación la Araucana y a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Coopeuch.
El “hágase presente” fue interpuesto por 500 empleados, a través de su
presidente Javier Quintul, haciéndose
parte en la disputa judicial encabezada por el alcalde Emilio Boccazzi en
contra de la subsecretaria de Educación Valentina Quiroga y la Secretaria
Regional Ministerial de Educación Margarita Makuc, a quienes acusó de acción
ilegal y arbitraria por la retención de la subvención, fondos “sitiados” que
requiere la Corporación Municipal de Punta Arenas, para sanear su déficit
económico y que hoy esos trabajadores quieren impedir que se liberen, pues desean asegurar con ello la cancelación de
los derechos sociales adeudados.
El libelo fue presentado la semana pasada, y en el expresan “es
nuestro interés que dicho apremio continúe y se haga efectivo para seguridad de
los trabajadores y que a éstos se les paguen íntegramente sus cotizaciones
previsionales”.
Dentro de los argumentos esgrimidos, los asistentes recordaron a la
Corte de Apelaciones, que en forma
reiterada, han solicitado la intervención de la Corporación Municipal de Punta
Arenas, “con el propósito que se regularice su administración y se dé oportuno
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de nuestro empleador
para con nuestros afiliados así como al pago de créditos sociales de la Caja de
Compensación La Araucana, y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la
Universidad de Chile Coopeuch, y de otros descuentos que se efectúan por
planilla. No nos anima otro propósito
que obtener el debido cumplimiento de dichas obligaciones por parte de nuestro
empleador y hacer efectivos los derechos individuales y colectivos a que
tenemos derecho en virtud de la ley, el contrato de trabajo y nuestro contrato
colectivo”.
Los funcionarios establecen que la seremi de Educación, Margarita
Makuc, -a quien Boccazzi catalogó de arbitraria e ilegal en su accionar, en un
recurso de protección que generó presión política-“no ha hecho sino cumplir con
la ley y retener el pago de la subvención educacional hasta que se dé estricto
cumplimiento al pago de imposiciones previsionales”.