Magallanes y Antártica Chilena figura como una de las regiones del país en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público desde el 15 de septiembre del 2015, luego que la entonces secretaria general subrogante de la Junta Escolar y Becas, Junaeb, Amalia Cornejo Bustamante, presentara una denuncia en que relató las malas prácticas de funcionarios de la entidad que ocuparon cargos clave y a los que acusó de uso de información privilegiada y cohecho en la adjudicación de licitaciones por más de cien millones de pesos aportados por el Gobierno chileno.
“El caso es una arista de la indagatoria por fraude al Fisco y cohecho en el pago de 5 mil millones de pesos de sobreprecio que desembolsó el Estado por el trato directo con las empresas Hendaya y Verfrutti para la entrega de raciones alimenticias. La denuncia que presentó Junaeb apunta a dos ex funcionarios: el ex jefe jurídico, Sebastián Pérez, quien recibió pagos de honorarios de parte de una compañía cuya filial se adjudicó una licitación por más de $85 mil millones, y Marco Urbina, ex jefe del Programa Nacional de Alimentación que fue posteriormente a trabajar como gerente de operaciones de Merkén, compañía que obtuvo un contrato por más de $ 25 mil millones”, consigna The Clinic.
Y el reportaje acerca del caso sigue, informando que “se trata de irregularidades en el proceso licitatorio ID 85-10-LP 14 para el suministro de raciones alimenticias para los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar y Programa de Alimentación de Párvulos para los años 2015, 2016 y 2017 y hasta febrero del año 2018, en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Araucanía, Magallanes y parte de la Metropolitana”.
Luego, el medio informa que “al escrito al que tuvo acceso The Clinic se suma a la indagatoria por fraude al Fisco y cohecho en el pago de 5 mil millones de sobreprecio que desembolsó el Estado por el trato directo con las empresas Hendaya y Verfrutti durante la administración del abogado DC, José Miguel Serrano, quien, según testigos que han declarado en la causa que sigue el fiscal Marcelo Acuña, operó para beneficiar a estas empresas, imputación que Serrano desmiente y que atribuye a una vendetta”.
Pagos paralelos
The Clinic informó, además, que el ex jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica “durante el período en que se desarrolló el proceso licitatorio ID85-10- LP 14 percibió honorarios pagados por las sociedad Conservera Pentzke, la que tiene como empresa filial a Comercial de Alimentos S.A., Alicopsa, la que resultó adjudicada en dicha licitación con las unidades territoriales 504, 505 y 513 de la Región de Valparaíso, con un monto de $82.4040.640.000, por un período de tres años, desde el 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2018, según consta en la Resolución 44 de Junaeb”.
Aparte de recibir honorarios de parte de la conservera, Pérez Torrejón recibía una asignación del 23,35 por ciento de su sueldo en la Junaeb por concepto de “funciones críticas”.
Se indaga, también las razones que habría esgrimido para rebajar en forma parcial, de mil 526 millones a sólo el ochenta por ciento de ese monto, es decir, el Fisco dejó de percibir unos mil 200 millones de pesos por las multas rebajadas a Comercial Alimentos, cuyo nombre de fantasía es un ente relacionado, según lo denunciaron las empresas Agrícola Comercial Santa Cecilia y Outfood, sociedades anónimas en otra denuncia por fraude al Fisco y otros delitos funcionarios denunciados en noviembre del año pasado y en cuya investigación Pérez Torrejón figura como imputado, pese a su defensa.
Otros acusados
El completo reportaje de The Clinic identifica como otros acusados, esta vez por uso de información privilegiada, a Marco Antonio Urbina König, quien se desempeñó como jefe de control y desarrollo de proveedores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y jefe nacional de ese programa hasta el 13 de agosto de 2014, cuando fue despedido, en cuyas bases de licitación trabajó y con el término del proceso terminado, se adjudicó a la empresa Consorcio Merkén S.A., por un monto de 25 mil millones 581 mil 781 pesos, lo cual ocurrió cinco meses antes de la licitación cuestionada, y la firma mencionada ya había contratado como gerente de operaciones a Urbina König.
Esa misma empresa contrató al abogado Juan Francisco Mualim Loyarte, “quien se desempeñó en Junaeb durante el período comprendido entre agosto de 2013 y el 30 de abril del 2105”, según consigna el diario digital.
Los mencionados, y en algunos casos ya imputados, se han defendido aludiendo a la Contraloría y a los procedimientos administrativos que, según ellos, los liberarían de responsabilidad en los hechos en que el Ministerio Público, a través del fiscal Marcelo Acuña, los involucran.
En Magallanes
Diario El Pingüino trató de comunicarse con los responsables de la Junaeb para requerir antecedentes acerca de cómo este caso podría afectar a los programas de alimentación escolar de Magallanes, pero los esfuerzos resultaron infructuosos, ya que los teléfonos que aparecen en su página web no respondieron las numerosas llamadas realizadas.