El director ejecutivo
de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, rechazó el sábado los
cuestionamientos entregados por el consejero regional Alejandro
Riquelme, en la entrega de recursos por parte del Gobierno Regional a
esta fundación.
Larraín
sostuvo que “él (consejero Riquelme) hace una interpretación de la ley
que no está ajustada a derecho y que no es veraz”. Lo anterior debido a
que el consejero Alejandro Riquelme cuestionó que le fueran entregados
52 millones de pesos para la creación de dos murales en Punta Arenas,
bajo la modalidad de asignación directa del Gobierno Regional, debido a
que no tienen domicilio legal en Magallanes, que no cuentan con un giro
en el Servicio de Impuestos Internos que identifique que se dediquen a
eso y otros puntos.
Tras
las críticas del director ejecutivo de la fundación, Riquelme no fue
indiferente y volvió a la carga, expresando que “lo señalado por el
director de la cuestionada Fundación Procultura en todo su relato es
falso y la ley o sus interpretaciones, nada tiene que ver con la
realidad”.
El
consejero regional continuó señalando que “según certificado expedido
por el Registro Civil la Fundación tienen un solo domicilio Legal cual
es y cito textual ‘Villavicencio n° 371 depto. 103, Santiago, Región
Metropolitana’. El señor Larraín confunde el domicilio legal de la
fundación con el domicilio tributario y las sucursales que esta pueda
tener. Las normas de asignación directa del Gobierno Regional plasmadas
en las Resoluciones Exentas Nº 294 /2021 y Nº 602/2022, prohíben
expresamente entregar fondos a organizaciones con domicilio fuera de la
región y señalan en forma textual en su pagina 4: ‘Las entidades
postulantes deberán tener, en forma obligatoria, domicilio en la Región
de Magallanes y de la Antártica Chilena’. Asimismo se prohíbe el
traspaso de recursos a organismos que tengan rendiciones pendientes:
‘Instituciones que tengan rendiciones pendientes con el Gobierno
Regional asociados a procesos concursables o asignación directa conforme
a lo indicado por Resolución N° 30 de la Contraloría General de la
República’.
Además,
Riquelme se defendió de las críticas de Larraín, expresando que “yo
nunca he planteado que exista un dictamen de Contraloría que los tiene
‘inhabilitados’ lo que sí he planteado es que existen múltiples
irregularidades en las rendiciones y licitaciones de esta fundación no
solo en Magallanes, sino en Valparaíso y otras regiones del país”.
El
consejero además dio a conocer otras comunas en donde la fundación
Procultura ha sido fuertemente cuestionada, añadiendo que “a modo de
ejemplo la Seremi de la Cultura de la Región de Valparaíso fue sumariada
por privilegiar en una licitación a la Fundación Procultura. Según la
investigación se habría creado una situación de privilegio a la
Fundación Procultura. Asimismo, en dos investigaciones de Contraloría
del 2018 y 2017, se constató que en el Consejo Nacional De La Cultura y
Las Artes y también en rendiciones efectuadas por Procultura con
irregularidades en su ejecución de proyectos y finalmente en el año 2022
en una investigación llevada a cabo por Contraloría Regional, en el
primer proyecto adjudicado por el Gobierno Regional de 28 millones
también se encontró irregularidades en su postulación y rendiciones,
estando a octubre del 2022 dicha fundación en el status de rendiciones
pendientes”.
Para
el core, “los cuestionamientos no son solo en Magallanes, no son solo
de este consejero, sino a nivel nacional, y pese a las declaraciones del
señor Larraín con amenaza de enviarme a la comisión de ética me tiene
sin cuidado, las evidencias de irregularidades históricas de esta
fundación están a la vista y seguiremos haciendo nuestro trabajo que nos
obliga la Ley, cual es fiscalizar al Gobierno Regional y cómo emplea
sus recursos”.
Finalmente,
Riquelme dijo que “es tanta la ignorancia del señor Larraín, de cómo
operan los fondos y el Gobierno Regional; que ni siquiera sabe que las
comisiones de ética se conforman por actuaciones que los consejeros
podríamos realizar, dentro de las sesiones del consejo y no por
declaraciones que hacemos en un diario. Este tipo de amenazas, solo
pretenden censurar y callar nuestra labor de fiscalización”.