Este jueves, los consejeros regionales de Magallanes y de la Antártica Chilena, Nano Soto y Roxana Gallardo, emplazaron directamente al nivel central y exigieron la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Las autoridades territoriales acusan un daño irreparable hacia las víctimas tras la liberación de ofensores sexuales de menores.
El cálculo político de La Moneda
El consejero regional Nano Soto cuestionó la estrategia de contención del Ejecutivo frente a los 56 casos que salieron a la luz pública. A su juicio, el Gobierno ha optado por cortar el hilo por el eslabón más débil, evadiendo la responsabilidad de la máxima autoridad de la cartera.
“Hubo la salida del subsecretario, pero no con el ministro principalmente, que es la cabeza de la cartera”, argumentó Soto. Para el representante magallánico, esta inmovilidad obedece a un estricto diseño de blindaje gestado en Palacio: “Creo que debe ser una decisión de Gobierno de no querer remover a ningún ministro para evitar un escándalo político”. Asimismo, en un tono más humano respecto a la figura de la autoridad, expresó sus deseos de que el secretario de Estado “se recupere también de su estado de salud”.
“Faltó coraje político”
El análisis más implacable provino de la consejera regional Roxana Gallardo. Si bien reconoció que en la vertiginosa agenda nacional el tema “ya está medio pasado de moda”, fue categórica al establecer dónde recae la responsabilidad final: “El ministro debió haber renunciado, tristemente”.
Gallardo no solo responsabilizó a Rabat, sino que apuntó a un déficit legislativo transversal. Cuestionó con dureza a los parlamentarios de todos los sectores que hoy “hacen gárgaras” con la crisis, recordando que estas rebajas de condenas operaron por casi 20 años antes de las reformas de 2022. “En ese minuto, no hubo ninguno que se le movió un músculo para pensar en todas las víctimas”, fustigó.
Respecto al actuar del titular de Justicia, la consejera lo acusó de carecer de la valentía necesaria para frenar los beneficios, argumentando que debió rechazar las firmas y obligar a los condenados a apelar desde la cárcel. “Una persona de bien prefiere perder el cheque a firmar una asquerosidad que le da el beneficio de salir a un violador a la calle, y sobre todo de menores de edad (…). El daño que le causó al gobierno fue brutal”, sentenció.
Proyección de una crisis que no decanta
La interpelación que surge desde el confín austral evidencia una profunda fractura en la confianza ciudadana hacia las instituciones. Mientras el ministro Fernando Rabat se mantiene aferrado a su puesto, desde las gélidas tierras de la Región de Magallanes la exigencia es ineludible: la responsabilidad política debe asumirse al más alto nivel para reparar la credibilidad de un sistema que, escudado en el andamiaje legal, terminó por invisibilizar a quienes más requieren protección y justicia.