Dagoberto
Reinuava del Solar, se desempeñó como abogado procurador fiscal del
Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Punta Arenas, sin embargo, el 4
de octubre de 2021, el entonces presidente del CDE, Juan Antonio
Peribonio, le impuso la medida disciplinaria de destitución, por
supuestas graves faltas a la probidad.
Los
hechos de la causa dicen relación con el sumario administrativo
iniciado en 2020 a raíz de la denuncia que realizan los funcionarios del
servicio en la región, acusándolo de acoso sexual, acoso laboral, y
maltrato laboral. Por esto mismo, el abogado dejó el cargo, pero se negó
a tomar el traslado que le ofrecieron y decidió someterse a la
investigación. Mientras se realizaban las indagaciones, el abogado
ejerció su profesión en la compañía de sus socios. Reinuava explica que
estas personas, no él, contaban con clientes que tenían conflictos
legales con el Estado. Asegura que posterior a esto, se le imputan
infracciones a la probidad y un eventual conflicto de intereses.
Ante
la sanción, Reinuava demandó al Consejo de Defensa del Estado por
vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, ante el
Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, donde el juez Franco Reyes Pozo, en
un fallo de fecha 17 de febrero de 2023, resolvió que se había
transgredido el derecho a la igualdad y libertad de trabajo, por lo que
instruyó al presidente del CDE dejar sin efecto la destitución,
aplicando una medida de menor intensidad, que proceda de acuerdo al
mérito del sumario.
Al
respecto, hubo un nuevo fallo en la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas el 28 de junio, rechazando la demanda interpuesta por Reinuava,
asegurando que se corroboraron “una serie de hechos que dan cuenta de
situaciones que ponen en riesgo el interés público asociados a la labor
que cumplía”.
El
CDE dice que durante la investigación interna sólo se dieron por
acreditados los cargos de ausencias reiteradas a su jornada de trabajo,
sin causa justificada; incumplimiento de instrucciones superiores y
tareas de comité; acoso laboral; infracciones graves al deber de
probidad. Los cargos de acoso laboral y sexual iban aparejados, pero en
el sumario los separaron, dando por probado sólo el acoso laboral.
Por
su parte, Reinuava asegura que fue absuelto de los cargos de acoso, sin
embargo, tiene algo más que decir respecto de las otras acusaciones,
por lo mismo, quiso dar su versión de los hechos a Pingüino Multimedia.
– Abogado, respecto de la investigación interna ¿en qué terminó finalmente?
“El Consejo de Defensa del Estado empezó a investigar lo que yo
empecé hacer después de que salí del cargo, una empresa con unos
colegas, los cuales por su cuenta tienen juicios iniciados contra el
Estado con posterioridad a que yo dejé el cargo. El asunto está en que
la Contraloría en 2020, dijo que si una sociedad de abogados tenían
causas contra el Estado y había uno que era funcionario, eso no era un
conflicto de interés, y no era un delito ni nada, decía incluso que si
se quería que esto se transforme en un conflicto de interés, tenía que
legislarse una nueva ley. Ese dictamen me favorecía.
Uno
de mis colegas es abogado de Nova Austral, conocidos por tener
conflictos con el Estado. El Consejo dijo que como estábamos bajo el
mismo techo, no había un conflicto de interés real, material, verdadero,
sino un potencial conflicto potencial y que eso era grave y que debía
ser destituido.
Además
me imputaron la inasistencia a una audiencia que era subalterna, y que
yo me ofrecí a reemplazarla porque ella tenía alegato en la Corte, sin
embargo no lo tuvo, así que debía ir a la audiencia, lo cual no hizo y
se me culpó a mí. Luego, además porque no contesté cuatro mails a un
funcionario de Santiago respecto de un recuso que pretendía alegar a la
vuelta de mis vacaciones, eso fue considerado como que me había
ausentado del trabajo”.
– ¿Cuál fue la explicación que dio la Corte respecto del fallo entregado?
“La
Corte da un explicación muy genérica, dice que esto hay entenderlo en
el contexto de la cultura del servicio, afirmando esto en tres artículos
que dicen que en Chile se sanciona el conflicto de interés, pero que no
establecen la conducta. No se hacen cargo de los dictámenes de la
Contraloría, de los argumentos del juez de Trabajo. Dicen que difieren
de él, pero que la situación es grave.
Lo
que más llama la atención, y esto es mi opinión no una imputación, esta
situación de que socios de abogados en el CDE lleven causas contra el
Estado, no es algo que no ocurra. Hay consejeros del CDE que hasta marzo
de este año, sus socios, litigaban por consorcios financieros contra la
Comisión de Mercado Financiero, es decir el Estado.
Es
la misma situación mía, pero ellos no tienen ningún castigo, que en mi
opinión no corresponde porque están amparados por la Contraloría, pero
tampoco tienen sumario ni ningún reproche. Entonces si a ellos no se les
hace, creo que tampoco corresponde a mí.
Es
más, uno de los consejeros, Daniel Martorell, dirigió la investigación
interna por casi un año, en circunstancias que uno de los abogados de la
empresa Nova Austral, que está nombrado por escrito pública la misma
que nombra al abogado de mi oficina, es el sobrino del consejero. Eso sí
por ley, es un conflicto de interés, sin embargo, en mi caso es
conflicto de interés y en el de él, cuando se enteró, se inhabilitó y no
hubo conflicto de interés. Hay un rompimiento de la igualdad ante la
ley, que la Corte no se ha hecho cargo.
Hay
más, existe un consejero que tiene un socio que litigia contra la
Comisión de Mercados Financieros, en 2020, le fue reprochado por la
Contraloría el haber sido abogado patrocinante y defensor de una empresa
vinculada al proyecto Pascualama, en circunstancias en que esa empresa
tenía situaciones de conflicto con el Estado. Contraloría le dijo al
Consejo, ‘tome medidas’, y por lo que entiendo, las medidas aún no
existen. Estoy hablando del consejero Rodrigo Quintana.
Esta
situación de desigualdad ante la ley, es lo que yo reclamé y que la
Corte no se hizo cargo. No quiero pensar que por haber reclamado esto,
el Consejo se enconó contra mí.
Vamos
a llevar esto a la Corte Suprema y a la Contraloría, al igual que toda
instancia que sea necesaria. Queremos una manifestación al respecto”.