El
obispo de la Diócesis de Punta Arenas, Bernardo Bastres Florence,
interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas para que cesen los hostigamientos que ha recibido en las últimas
semanas.
El
obispo acusa ser víctima de insultos y amenazas tras la muerte del
obispo emérito de Punta Arenas, Tomás González. Desde el 12 de febrero
pasado la comunidad fue convocada a través de redes sociales para
protestar en el frontis de la casa del Arzobispado para que se
esclarezca la desaparición de Ricardo Harex.
Los
manifestantes se han congregado todos los días en la esquina de las
calles 21 de mayo con Balmaceda. Según el recurso, “pronto comenzaron a
elevar su intensidad y violencia” a partir del rumor de que Harex estaba
enterrado en la residencia y sería trasladado en túneles.
Tras
difundirse la supuesta exhumación, los protestantes habrían ocupado
drones para grabar la vivienda del obispo. “Se encuentran violando mi
privacidad y de las personas que habitan en la casa”, acusa Bastres.
El
recurso denuncia que el jueves pasado la situación “se volvió
insostenible”. Al ruido de los tambores, los manifestantes intentaron
ingresar a la casa trepando la reja y azotando el portón de acceso.
También destruyeron el timbre. La protesta se prolongó hasta las 2.30
horas de la madrugada, aproximadamente.
Dos
días después un vehículo habría seguido y grabado al obispo Bastres en
la vía pública. Esta situación se habría repetido con otros dos
automovilistas que fotografiaron a los ocupantes de la residencia.
Según
la acción, cada día los manifestantes cortan la llave de paso del gas y
obstruyen la salida de la vivienda. “Me es imposible realizar las
tareas pastorales propias de mi cargo como obispo, ya que se cierra el
paso desde las 20:00 hasta las 2:30, por lo que afectan mi derecho a la
libertad circulatoria y afectan mi derecho a la integridad psíquica y
física”, señala Bastres.
El
recurso se interpuso en contra de la administradora del grupo de
Facebook “Todos somos Harex” y los tres automovilistas que han grabado
el Obispado. Además se extiende en contra a todos quienes resulten
responsables de las acciones.
“El
despliegue de las conductas ejecutadas por los recurridos (…)
constituye una hipótesis de hostigamiento y persecución hacia nosotros,
especialmente de los propietarios de los autos que ilegítimamente han
tomado una actitud detectivesca”, dice el recurso.
La
acción solicita que la Corte de Apelaciones imponga a los recurridos
una prohibición de acercarse a menos de 200 metros a los funcionarios
del Obispado. También pide que sean sentenciados a pedir disculpas
públicas “sobre las falsas acusaciones que se realizaron en contra de
Bernardo Bastres”.