Cinco
personas representadas por el abogado Fernando Pichún Bradacic,
presentaron una querella colectiva en contra de Raúl Ernesto Segovia
Sánchez, a quien acusan de cometer el delito de estafa por hechos
ocurridos en 2021.
Según
dice el escrito, los representados del abogado recibieron una oferta
vía redes sociales respecto de unos sitios que se vendían a precio
conveniente y muy cercano a la ciudad en el sector de Monte Verde, Punta
Arenas, “para lo cual decidieron contactar a la persona intermediaria y
proceder seguidamente a tomar contacto con Raúl Segovia Sánchez para
proceder con la ejecución del negocio, celebrando distintas escrituras
privadas de compraventa que decían enajenar sitios que formaban parte de
una subdivisión predial de un sitio de mayor porción que jamás existió
ya que estos sitios se encuentran en una zona de utilidad pública dado
que por dicho sector pasará la Avenida Circunvalación, todas
circunstancias desconocidas para mis representados quienes en la
convicción de poder regularizar estos sitios procedieron todos a pagarle
al querellado distintas sumas de dinero correspondiente al precio de
estos sitios”, dice la querella.
El
hecho uno ocurrió el 15 de Junio de 2021, la víctima firmó un contrato
privado de cesión de derechos, pagando por ello al querellado y otros
trámites, la suma de $15.000.000 por la adquisición de este sitio “cuyo
contrato no fue autorizado por el Notario Público por tratarse de un
sitio que no contaba con subdivisión predial y cuyo destino en ese
entonces de acuerdo al avalúo fiscal era de carácter rural que debía ser
aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, además de encontrarse
afecto a utilidad pública según certificación por parte de la Dirección
de Obras Municipales ya que en dicho terreno pasará futuramente la
Avenida Circunvalación afectando todo el sitio adquirido por mi
representado”.
Misma
situación vivió una mujer el 30 de Junio de 2021 cuando firmó un
contrato privado de cesión de derechos, pagando al querellado la suma de
$28.000.000, siendo la misma situación expuesta en el hecho uno.
La
tercera situación también afectó a una mujer, firmó un contrato privado
de cesión de derechos el 10 de Marzo de 2021, pagando $17.000.000 por
el sitio.
El
cuarto afectado es un hombre que también firmó el contrato antes
mencionado, el 9 de julio de 2021, pagando la suma de $16.500.000. Del
mismo modo con fecha 1 de diciembre de 2021 firmó un contrato privado de
cesión de derechos respecto a otro sitio, pagando $15.500.000.
El último hecho ocurrió de la misma forma en las situaciones descritas anteriormente, efectuándose el pago de $14.000.000.
“Cabe
destacar que el engaño se materializó en los propios contratos firmados
ya que todos establecen como cláusula que los sitios se vendían como
especie o cuerpo cierto libre de deudas y embargos, hipotecas,
prohibiciones y juicios y además la cláusula relativa a prohibición de
enajenar mientras no se materialice el saneamiento ante el Ministerio de
Bienes Nacionales.
Al
transcurrir el tiempo mis representados se pudieron percatar que el
sitio no estaba regularizado correctamente, información que el
querellado jamás les señaló en su oportunidad.
Nos
encontramos ante una evidente estafa sufrida por mis representados,
pues aún cuando la promitente vendedora, haya suscrito la compraventa
definitiva de los derechos, esta compraventa se encuentra prohibida por
ley; esta situación es la denominada ‘venta de loteos brujos’”, finaliza
el texto.