Al
Senado pasó el proyecto de ley que consagra el “Derecho al Olvido
Financiero” que establece que las deudas impagas que se hicieron
exigibles o fueron extinguidas durante el plazo de cinco años, deberán
ser eliminadas por la banca o la entidad financiera de forma automática
de sus registros. También se considera a aquellas que fueron saldadas
fuera del plazo establecido y que se mantienen en los informes al
momento de solicitar un crédito.
La
iniciativa señala que los datos deberán ser borrados sin necesidad de
solicitud, orden judicial ni instrucción de una autoridad, siempre que
no existan razones legítimas para que sean conservados.
El
proyecto fue presentado por la diputada Javiera Morales, quien expresó
que “con esta iniciativa se busca aliviar a las personas, emprendedores y
pymes que se encuentran angustiados por las deudas que surgieron por la
pandemia o por otros motivos, incluso muchos años atrás, y hoy son
discriminados con altas tasas de interés o dificultades para acceder al
crédito. Se trata de otorgar alivio y una segunda oportunidad a las
familias”.
Por
otra parte, se prohíbe que dichas entidades puedan contactar mediante
llamados, carta, correos u otros medios a cualquiera de los consumidores
por el cobro de la deuda prescrita y establece sanciones e
indemnizaciones en caso de que estos hechos ocurran. Además, en caso de
que se niegue entregar algún servicio financiero, éste debe ser
fundamentado al usuario.
Finalmente, la parlamentaria magallánica
dijo que “esta iniciativa es parte del acuerdo suscrito entre el
Gobierno y las Pymes en las conversaciones para sacar adelante el
aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos, el cual cumplimos como
parlamentarios. Impulsamos eliminar esta injusticia que viven aquellas
personas que incluso tienen deudas prescritas o saldadas y siguen
apareciendo en los registros bancarios. No se entiende que en Chile los
delitos penales prescriben, y se borran los antecedentes, pero si
alguien se atrasa en pagar una deuda eso te persigue por décadas”.
El proyecto fue despachado al Senado donde será discutido en la Comisión de Economía de la Cámara Alta para avanzar en su pronta tramitación.