La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección que la Cormupa y el alcalde Emilio Boccazzi interpusieron contra la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y la seremi de Educación, Margarita Makuc, el pasado 23 de diciembre del 2015.
Con el rechazo del recurso, realizado el 20 de enero, la Corte de Apelaciones determina que la Secretaría de Estado ha actuado “con pleno apego a la normativa vigente” al retener el “20% de la subvención por un monto de $310.497.230”.
El recurso presentado por Boccazzi, según la Corte, resulta improcedente, toda vez que la autoridad ministerial no ha actuado en forma “ilegal ni arbitraria”, como se esgrimía en el recurso.
El rechazo del recurso, echa por tierra la estrategia con que la Cormupa y el alcalde buscaban dejar sin efecto la retención de parte de la subvención escolar que realiza el ministerio de educación cada vez que una corporación educacional se retrasa en el pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, como ha sido el caso reiterado en la Corporación de Educación de Punta Arenas. Este organismo ya acumula tres retenciones consecutivas por la condición impaga de cotizaciones previsionales durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015.
Asimismo, el rechazo del recurso ratifica que no resulta procedente que las autoridades de educación asuman la responsabilidad de pagar las cotizaciones.
Ese deber mínimo, frente a los derechos de los trabajadores, debe ser garantizado por el propio sostenedor, según lo establece la ley y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.
Los montos retenidos serán cancelados contra la presentación por parte de Cormupa de los comprobantes de pago de las cotizaciones de sus trabajadores al día.
Ante esto el presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación, Javier Quintul, comentó que “a mí en su momento me pareció un error, porque la ley de retenciones que aplica en este caso Margarita Makuc y el Ministerio de Educación, en este caso la subsecretaria, va en relación a proteger los derechos fundamentales del trabajador. Es decir, si se retienen las platas es para que justamente la administradora, que es la secretaria general de la corporación municipal, priorice esos dineros en función de las cotizaciones, porque recordemos que la retenciones que se hacen son justamente en términos de la subvención, que tiene que ver con el pago de las cotizaciones de los trabajadores”.
A su vez manifestó que “rechazamos de plano el hecho que el alcalde esté manifestado hoy un perjuicio hacia la corporación municipal sin fijarse que hay un efectivo abandono de deberes respecto de los trabajadores. Por qué se reciben 900 millones con el fondo FAEP y son destinados a pagar una querella, cuando los fondos FAEP son claramente recursos que vienen a mejorar la educación y no a pagar querellas”.
Por último Quintul dijo que “me parece importante decir fuerte y claro que rechazamos totalmente esta situación en circunstancia que no se están privilegiando los derechos fundamentales de los trabajadores. Qué le respondo yo a un trabajador que no puede atenderse, que no puede sacar un bono en Fonasa o en su Isapre, porque no se han pagado estos fondos, ¿qué le respondo?”.