En medio de la cuenta regresiva por la orden de desalojo fijada para los próximos días, la dirigencia y residentes del campamento Villa Las Etnias sostuvieron una reunión clave con el obispo de Punta Arenas, monseñor Óscar Blanco, para solicitar formalmente la intermediación de la Iglesia Católica ante las autoridades.
El encuentro se produjo tras la notificación efectuada este lunes por personal del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), donde se estableció un plazo fatal de cinco días para el abandono del área. Tras más de una década asentados en el terreno, las familias buscan postergar la restitución del predio y concretar una salida pacífica que permita ordenar el retiro de sus viviendas y habilitar la opción de buscar arriendos, apelando a la presencia de niños y adultos mayores en el sector.
Por su parte, el prelado instó formalmente al diálogo y propuso la apertura de una instancia tripartita entre el Obispado, las autoridades del sector vivienda y los pobladores para abordar la crisis. “Allí hay adultos mayores, hay niños que hay que considerar. La autoridad tiene el sartén por el mango y si está dispuesta a sentarse a una mesa, nadie se va a negar con tal de buscar una salida pacífica”, sostuvo monseñor Blanco, quien enfatizó que las familias reconocen la ilegalidad del asentamiento, pero requieren un margen de tiempo razonable. “Ellos saben que tienen que salir, pero están pidiéndonos una prórroga; lo han tenido allí 10 años y podría ser posible un tiempo más para que se organicen y puedan salir bien”, agregó.
La tensión se ha agudizado tras las acusaciones cruzadas entre la dirigencia del asentamiento y las reparticiones públicas. Mónica Rivera, presidenta del comité de vecinos, rechazó las versiones oficiales sobre supuestas irregularidades en la tenencia de propiedades o trabas al catastro social: “Si él me demuestra que yo tengo un bien raíz, que lo demuestre, porque esas son mentiras. Nosotros siempre hemos tenido voluntad y hemos trabajado con el Serviu”. Asimismo, Rivera cuestionó el cierre de canales institucionales para revisar la situación habitacional del grupo luego de la notificación entregada al inicio de la semana: “Miren, ayer nos dieron una reunión y hoy día no hay reunión (…) ¿Por qué no quieren que vaya yo, si soy la representante de mis vecinos? Aunque no les guste, tienen que hacer una reunión”.
La voz de los pobladores
Desde las bases de la toma, los residentes advierten un quiebre en los compromisos estatales acumulados desde que el espacio fue reconocido como campamento precario previo a 2018.
Marcos Cárdenas, poblador del sector, enfatizó la imposibilidad práctica de cumplir con las órdenes de restitución en el escaso margen notificado por la autoridad: “En este momento lo que le estamos pidiendo al señor obispo es un plazo razonable para poder abandonar los terrenos e incluirnos a la ciudad, porque no es fácil de la noche a la mañana sacar tus cosas”.
Frente a la advertencia del Serviu entregada el lunes, Cárdenas concluyó: “Nos dieron un plazo de cinco días, entonces, ¿qué va a hacer usted en cinco días? En este momento no tenemos dónde llegar ni dónde dormir”.
La controversia, en tanto, se ha trasladado con fuerza a las plataformas digitales y redes sociales de Pingüino Multimedia, donde los vecinos de Punta Arenas han manifestado sus opiniones respecto del procedimiento; mientras algunos exigen hacer cumplir la ley.