A
poco más de una hora que habían comenzado los servicios focalizados y
de rondas extraordinarias de Carabineros, luego de una reunión
estratégica en Plaza Muñoz Gamero llevada a cabo por el teniente coronel
Max Soldán, una de las patrullas le dio seguimiento a un vehículo que
transitaba con sus vidrios polarizados y sin placa patente delantera.
Al
percatarse de la ausencia de placa patente principalmente, se le
comenzó a realizar un seguimiento a distancia por distintas arterias de
la ciudad hasta calle Croacia con Armando Sanhueza, donde se les dio
alcance para realizar control de documentos y del vehículo.
Según
lo relatado por la fiscal Romina Moscoso, “el conductor opuso tenaz
resistencia a su detención, lanzando golpes de pies y puño al personal
policial, por lo tanto fue necesario utilizar fuerza racional. Luego un
segundo individuo, pasajero del vehículo, intenta quitarles al conductor
al momento de su reducción”.
En
ese momento, continuó Moscoso, “se configura la causal de flagrancia en
relación al artículo 130, correspondiendo al delito de oponerse a la acción de carabineros de servicio”.
Posteriormente la copiloto se alejó
unos metros del procedimiento para arrojar unos elementos debajo de un
vehículo que se encontraba en el lugar. Dichos elementos corresponden a
dos envoltorios de nylon, contenedores de una sustancia blanca, la cual
tras pasar una prueba de campo, se corroboró que era cocaína. Luego se
determinó que con el mismo mecanismo había lanzado en otros dos puntos
adicionales contenedores de la misma sustancia ilícita, que una vez
recolectadas, dieron una cantidad de 42 gramos de cocaína.
Por lo tanto, fueron detenidas las tres personas por los delitos de conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, microtráfico y por oponerse a la acción de la autoridad.
La
defensa, a su vez, requirió oficiar a la Prefectura de Magallanes para
indagar detalles sobre el procedimiento, dado que los imputados habrían
denunciado uso excesivo de la fuerza y discriminación producto de su
nacionalidad al momento de la detención.
Dado
que no pudieron dar un domicilio fijo, uno de los tres imputados que
tenía una orden de detención vigente en su contra, quedó con la medida
cautelar de prisión preventiva, mientras que para
los otros dos fueron dadas las de arresto domiciliario nocturno y
arraigo regional. Se fijó un plazo de investigación de 60 días para el
caso.