Organizaciones solicitaron a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, efectuar gestiones para que el Gobierno suspenda o modifique Plan Retorno Gradual a Clases Presenciales
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Profesores, la
Coordinadora Nacional de Estudiantes (Cones), Coordinadora de Padres y
Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade) y el Consejo Nacional
de Organizaciones Asistentes de la Educación (Conaech) calificó el plan
de retorno gradual a clases presenciales como una medida gubernamental contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios.
Esto lo hicieron ver en una extensa carta dirigida a la Alta
Comisionada Michelle Bachelet, en la que le solicitan realice gestiones
para que el gobierno suspenda o modifique esta medida administrativa.
Los firmantes explican que, al igual como ocurrió en el mes de abril
con los funcionarios públicos, esta decisión -contemplada en el
denominado “Plan Paso a Paso”, constituye “una grave amenaza al derecho a
la vida y a la salud e integridad física y psíquica”.
Según señala el documento, “la medida gubernamental observada es
contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo
los Estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios,
las que ponen especial énfasis en que, las medidas excepcionales que se
adopten deben tener como límite el respeto irrestricto de los derechos
humanos”.
De acuerdo a las organizaciones, “el retorno a clases presenciales
requiere necesariamente tener absoluta certeza acerca no sólo de las
condiciones de los respectivos establecimientos educacionales, sino del contexto pandémico local y su entorno, con sus comunicabilidad y desplazamientos, amén del plan de testeo y trazabilidad”.
“Es también de la mayor importancia entender que en esta situación de
incertidumbre es crucial reconocer que, para ser efectiva la decisión
de volver al colegio, ésta no puede provenir exclusivamente de un
mandato de la autoridad, sino que deberá contemplar la participación de
las comunidades locales, las comunidades escolares y las propias
familias”, señalan
Además, indicaron que “en las condiciones descritas y con las
limitaciones antes expresadas, el retorno a clases presenciales
anunciado e iniciado, no se ajusta a los estándares de cumplimiento de
las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos
contraídas por el Estado de Chile”, afirmando que la protección de estos
derechos fundamentales está consagrada en diversos tratados
internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, la misiva enviada a la Alta Comisionada fue suscrita por
Carlos Margotta Trincado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos
Humanos, Mario Aguilar Arévalo, Presidente Nacional Colegio de
Profesores y Profesoras de Chile, Dafne Concha Ferrando, Presidenta de
la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación
(Corpade), Miguel Ángel Araneda Arriagada, Presidente del Consejo
Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación de Chile,
(Conaech) y Manuela Gutiérrez, Vocera de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios (Cones).
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