El
jueves pasado, las diputada Camila Rojas (Comunes) junto a Cristina
Girardi (PPD), además de una gran parte de los diputados que integran la
Comisión de Educación como son Camila Vallejo (PC), Gonzalo Winter
(CS), Rodrigo González (PPD), el presidente de la Comisión de Educación,
Mario Venegas (DC), y también su expresidente Juan Santana (PS),
presentaron un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones
laborales de los profesores.
Esto
último va en línea con lo expresado el viernes pasado por la Asociación
Gremial del Colegio Regional y Comunal de Profesores de Magallanes, por
medio de Violeta Andrade, presidenta regional, y Alicia Aguilante,
presidenta comunal, quienes iniciaron un primer plan de acción nacional,
el que como primera medida tiene relación con el agobio laboral
docente.
Estas
problemáticas han sido demandadas por los docentes hace bastante
tiempo. No obstante, dado el contexto de pandemia, se estima que esta
situación se ha agravado todavía más.
– ¿Por qué cree usted que este proyecto se demoró tanto tiempo en ser presentado? y ¿por qué el Gobierno y el Ministerio de Educación no han presentado medidas en este sentido?
“Con
respecto a la demora de este proyecto, esto tiene que ver con dos
puntos. El primero es que sería ideal que el Gobierno se hiciera cargo
de estos temas, específicamente, en este caso, el Ministerio de
Educación, porque cuando el Gobierno asume esto como su responsabilidad,
se avanza mucho más rápido y, lamentablemente, no ha sido así. Hemos
tenido una ausencia casi completa en términos de preocupación por parte
del Ministerio de Educación hacia los trabajadores de la educación.
El
segundo punto tiene que ver con que distintos trabajadores de la
educación presentaron recursos y consultas para la posibilidad de que se
aplicara la ley de teletrabajo para ellos también, y los distintos
dictámenes han señalado que no les es aplicable. Por lo tanto, luego de
ese cierre de la ley, ellos quedan al arbitrio de sus empleadores, así
es que es evidente que la única posibilidad que tenemos es que esto se
haga mediante una ley”.
– ¿Esperan que el Gobierno patrocine este proyecto de ley?
“No
espero que el Gobierno lo patrocine. Sin embargo, creo que sería muy
importante que juegue un rol relevante en la discusión y si es que tiene
aportes que realizar, evidentemente eso sería importante y clave. No
hemos tenido lamentablemente ese diálogo con ellos, hay harta ausencia y
no hay cómo no señalar en definitiva que cuando un proyecto solo lo
presentan los diputados tiene ciertos límites que podrían cambiar en la
medida en que el Gobierno de turno lo respalde. Sin embargo, todos los
puntos que estamos planteando son los que podemos realizar y en los que
podemos avanzar como ley”.
Este
proyecto tiene cuatro pilares fundamentales: el derecho a la
desconexión por al menos 12 horas continuas, una reducción de la hora
pedagógica remota a 30 minutos, que se implementen pausas pedagógicas en
la modalidad a distancia e impulsar protocolos de grabación de clases
que resguarden los derechos de toda la comunidad educativa.
– ¿Cuál de todas estas aristas usted considera que es la más urgente por solucionar?
“El derecho a la desconexión y la posibilidad de pausas pedagógicas me parece que son elementos
claves, porque hoy los profesores y también los asistentes de la
educación, se encuentran al arbitrio de lo que determinen sus
sostenedores. Ahí, hay un vacío y un espacio de abuso y de hacer cargar
toda la responsabilidad del sistema educativo en los hombros de los
trabajadores y en sus propios tiempos, aprovechándose de los espacios
que deberían ser de descanso, por lo que a mí me parece que se debería
establecer aquello: que tengan derecho al descanso es una cuestión más
que mínima, ése es el punto fundamental y el más urgente”.