El Juzgado de Garantía de Rancagua dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Rocío Irala Bogado, imputada de 19 años de nacionalidad paraguaya que permanecía recluida en la cárcel de Punta Arenas en el marco de una investigación por trata de personas.
La decisión se tomó atendiendo a su complejo estado de salud: la joven se encuentra internada en estado crítico en el Hospital Clínico de Magallanes tras sufrir un daño cerebral hipóxico isquémico producto de un intento de autolesión. En reemplazo de la privación de libertad, el tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional.
Aunque la defensa solicitó el sobreseimiento temporal de la causa por enajenación mental, la justicia rechazó la petición por ahora a la espera de peritajes neurológicos que determinen si el daño cognitivo es irreversible. Al respecto, el abogado defensor Alejandro Hijerra señaló:
“El tribunal entendió nuestra solicitud respecto al grave estado de salud de Rocío Irala y solicitó un oficio al Hospital Clínico de Magallanes para que informe sobre los alcances del daño neurológico y su deterioro cognitivo. Atendido a su situación médica, se accedió a sustituir la prisión preventiva por el arraigo nacional”.
Acciones legales por negligencia médica
Durante la audiencia se reveló que la imputada registró más de 20 consultas psiquiátricas e ideación suicida durante su permanencia en el penal de Punta Arenas, ocurriendo el hecho el mismo día en que había sido dada de alta del hospital. Frente a esto, la defensa confirmó el inicio de investigaciones administrativas.
“Solicitamos un sumario administrativo al Hospital Clínico de Magallanes para determinar las responsabilidades de la médico psiquiatra, y también en Gendarmería de Chile para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios a cargo de Rocío”.
Por su parte, la Fiscalía solicitó un informe detallado a Gendarmería sobre las atenciones médicas previas de la imputada. El tribunal fijó una nueva audiencia para el próximo 15 de diciembre, fecha en que se evaluará la suspensión definitiva del procedimiento penal.