Corte Suprema rechaza revisar recurso de nulidad del exalcalde de Puerto Natales en el Caso Luminarias Led

El máximo tribunal derivó los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, instancia que deberá resolver en las próximas semanas si anula el juicio o rebaja la condena de cinco años y un día de cárcel contra Fernando Paredes.

La Corte Suprema cerró la puerta a revisar el recurso de nulidad presentado por la defensa del exalcalde de Puerto Natales, José Fernando Paredes Mansilla, en el denominado Caso Luminarias Led, remitiendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Mediante una resolución dictada el miércoles 18 de noviembre, el máximo tribunal declaró “no ha lugar” la reposición interpuesta por el equipo jurídico de la exautoridad. El dictamen fue acordado por mayoría al estimar que los argumentos planteados “no logran alterar lo resuelto” previamente respecto de la competencia del tribunal.

La resolución registró, no obstante, el voto en contra del ministro Manuel Valderrama, quien estuvo por acoger la solicitud y fijar audiencia en Santiago ante una “posible afectación de las garantías que el recurrente entiende vulneradas”.

Reacción de la defensa y plazos en Magallanes

El abogado defensor penal particular que lidera la causa, Juan Carlos Rebolledo, valoró el voto de minoría y subrayó que la decisión de la Corte Suprema solo define qué tribunal conocerá el libelo, sin pronunciarse sobre los argumentos de fondo.

“La existencia del voto del ministro Valderrama de alguna manera nos da fuerza y certeza en el sentido de que no estábamos tan equivocados al solicitar un pronunciamiento de la Corte Suprema”, afirmó Rebolledo, estimando que la vista de la causa en Magallanes debería concretarse “en las próximas dos a tres semanas”.

Origen de la condena

La ofensiva judicial de la defensa se inició tras la sentencia dictada el 25 de septiembre pasado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, que condenó a Paredes a cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de cohecho, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $30 millones.

Luego de ese veredicto, el equipo jurídico acudió a Santiago con el objetivo de anular el juicio o, en subsidio, conseguir una rebaja de la pena que le permita optar a libertad vigilada, pretensión que finalmente quedará en manos del tribunal de alzada magallánico.

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