Un total de 21 viviendas sociales en toda la región serán confiscadas luego que una fiscalización del ministerio del ramo, arrojara la vulneración de las normas esenciales que dieron origen a la entrega de este beneficio.
Así lo informó ayer en Punta Arenas, el seremi de Vivienda, Fernando Haro, quien expresó que “lamentablemente nos encontramos con la situación de que habían casos de arriendo, entre otros, y lo que nos corresponde es que estos casos sean los primeros llamados a la restitución del subsidio o la propiedad, porque a todos nos indigna que la vivienda se convierta en un bien de uso comercial y no para lo que fue creada”.
Haro señaló que un equipo de profesionales de la seremi inició una exhaustiva investigación de un universo total de 1.298 viviendas entregadas en Punta Arenas, Natales, Porvenir y Puerto Williams, dentro de los plazos de uso, comprobando 21 casos en que el beneficio deberá ser restituido al Fisco por “vulnerar las normas de uso de las casas”.
Fiscalización por etapas
Las etapas del proceso de fiscalización consistieron en el levantamiento de la información, conformación del equipo de fiscalizadores, diseño de la operación de fiscalización, salida a terreno, tabulación de la información y presentación de resultados de la fiscalización.
Aún en curso
Haro declaró que aún hay casos donde se debe ratificar la irregularidad en un 100%, por ejemplo, donde se ha pasado más de tres veces en distintas oportunidades y figura sin moradores, y se sabe por testimonios que algunas llevan meses sin señales de estar habitadas. “Nos parece un plazo que no es coherente con la urgencia que supone una solución habitacional para el que realmente lo necesita.
Queremos dar una señal clara, y esta fiscalización se ha hecho con mucho detalle y se continuará por esta misma vía, que creemos que es la correcta, pero asimismo y por sobre todo hay un bien común: entender que la mayoría de la gente hace un buen uso de sus viviendas y no por unos casos puntuales podemos generalizar”, señaló.
Por provincias
La cantidad de viviendas fiscalizadas por provincia corresponde a Magallanes, 807; Última Esperanza, 208; Tierra del Fuego, 242, y Antártica Chilena, 41, totalizando así 1.298 soluciones habitacionales.
Denuncias
La acción de fiscalización se produce a tres meses de un anuncio en este sentido hecho por las autoridades del Ministerio de Vivienda, con el objeto de prevenir eventuales irregularidades en la entrega de este importante beneficio social.
La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Punta Arenas, Rosa Zúñiga, también criticó que “mientras a la clase media se le hace muy difícil acceder a viviendas sociales, otros pueden tener hasta dos viviendas y arrendarlas”.