El
miércoles se dio a conocer que la Fiscalía Regional iniciaba una
investigación por el Caso Convenios en Magallanes, convirtiéndose de esa
forma la décima región en ser investigada por estos hechos.
Tras
la investigación iniciada conversamos con el exjefe del Consejo de
Defensa del Estado en Punta Arenas el abogado Dagoberto Reinuava.
El profesional se refirió a los tiempos, a los procesos y a los hechos que se deben investigar.
– ¿Qué opinión le merece que se iniciara una investigación por parte de la Fiscalía en Magallanes por el denominado caso convenios?
“Me
parece natural que nuestra Fiscalía abra la investigación, considerando
que en bastantes otras regiones ya lo habían hecho, aunque ello podría
considerarse un poco tardío teniendo en cuenta a cómo se han
desarrollados los acontecimientos. Acá el tema siempre va tener que ver
con investigar las circunstancias de la contratación y con eso me
refiero a qué criterios tomaron en cuenta para hacer el convenio, que
entiendo fue un trato directo. Ahora, tomando en cuenta que se trata
de fondos que transitaron por nada más y menos que tres entes públicos,
el GORE que es – en teoría- un ente autónomo, el MINVU que es un órgano
centralizado y jerarquizado al Gobierno y la Municipalidad de Porvenir,
se debe revisar toda la cadena del procedimiento, determinando quiénes
actuaron y decidieron en cada etapa y en cada una de ellas, la presencia
o ausencia de factores de riesgos de corrupción, ello en base
relaciones personales, eventuales intereses económicos o políticos
ciertos y comprobables, que permitan determinar si estos funcionarios
realizaron maniobras concretas para el beneficio propio o el de
terceros, a costa de los intereses públicos.
Añado
que el hecho de que el convenio cuestionado pasara, supuestamente, por
el control de tres grupos de funcionarios públicos involucra que frente
a cuestionamientos al convenio, que involucra millones de pesos en
transferencia a un particular, es de toda prudencia y hasta necesidad el
abrir investigación.
Ahora
yo me hago una pregunta incómoda: si ya se sabía de planteamientos de
ilicitud de los convenios de ProCultura – con investigaciones abiertas a
nivel nacional- ¿por qué nuestras autoridades no llevaron de inmediato
los antecedentes de estos contratos a la Fiscalía, tal como lo hizo en
su momento el ministro Carlos Montes en Antofagasta ¿por qué hubo que
esperar a que la Fiscalía actuara de oficio o a que el diputado Matheson
hiciera llegar antecedentes?. Eso habla mal de la capacidad de análisis
de la situación que tienen estos tres entes. Y no digo con esto que
exista un delito, pero si como autoridad tengo conocimiento de los
cuestionamientos a ciertos actos de ProCultura, con frentes penales en
curso a nivel de todo el país, lo mínimo- si es que se tiene convicción
de que todo está en regla- insisto, lo mínimo, es que como autoridad me
adelante y entregue todo a la Fiscalía para disipar toda duda”.
– ¿Qué delitos cree que se podría estar tratando en estos casos, sólo fraude al fisco, o podrían existir otros delitos?
“Es
muy temprano para definir el eventual delito, pero el fiscal regional
habló de ‘fraude al Fisco’ y eso es grave y digo que es grave porque
involucra tres elementos preocupantes: la primera es que pareciera
haber indicios de que hubo un ‘mecanismo’ o ‘maniobras’ destinadas a
defraudar para obtener fondos fiscales, la segunda es que se trata de
fondos de todos los chilenos, en el caso, fondos que debieran ir para el
bienestar de los magallánicos, y la tercera, que es la más importante,
es que si estamos hablando de ‘fraude’ es porque hay sospechas o
indicios de participación delictual de funcionarios públicos, pues de no
existir esa sospecha, se hablaría de ‘estafa’, que es el delito que
comete cualquier sujeto particular. El hecho que se use la nomenclatura
de ‘fraude’, por la implicancia de funcionarios, debiera encender las
alertas en la ciudadanía”.
– Pese a que desde hace tiempo se venía hablando de este caso en particular en Magallanes la Fiscalía
demoró más de un mes en iniciar una investigación, pudiendo actuar por
oficio, ante las diversas denuncias que aparecían por los medios ¿por qué cree que se demoró en dar el paso?
“Las
Fiscalías tienen sus tiempos y herramientas diferentes en cada región.
Magallanes es una fiscalía pequeña, comparada con la mayoría de las
otras del país y por tanto la comparación con otras unidades del
Ministerio Publico no se ajusta. Además no sabemos qué antecedentes
tenían antes, y sí eran suficientes como para iniciar investigación, lo
anterior sin perjuicio de que la multiplicidad de investigaciones a
nivel nacional quizás eran un indicio o motivo para iniciar la
investigación. Dicho lo anterior, hay que considerar lo que antes
explicaba: acá la primera obligación de poner todos los antecedentes
ante la Fiscalía era y es de las entidades públicas que intervienen en
las operaciones y convenios. Es su actividad la que se cuestiona, más
allá de la acción del Ministerio Público. También pensemos, en este
mismo orden de ideas, que han pasado más de 45 días desde que estalló el
Caso Convenios y el Consejo de Defensa del Estado, órgano que le
corresponde hacerlo, hablo a nivel nacional, no ha interpuesto, hasta
donde sé, ni una sola querella por los eventuales delitos de
corrupción”.