Los concejales
Daniela Panicucci, Verónica Aguilar, Mauricio Bahamondes y José
Aguilante concurrieron a la Fiscalía para solicitar al fiscal económico
que se inicie una investigación a fin de establecer las
responsabilidades penales que pudieran caber por infracción al artículo
236 del Código Penal.
La
acción surge tras un informe de la Superintendencia de Educación, en el
que se detalla que los fondos SEP son exclusivos para fines
establecidos en el reglamento de la misma ley.
Los
ediles postulan que el alcalde Claudio Radonich utilizó durante
septiembre de 2018, para el pago de remuneraciones de los docentes que
dependen de la corporación, fondos por $920.000.000 que se encontraban
en una de las cuentas de la Corporación Municipal habilitadas
“exclusivamente” para recibir y generar pagos asociados a la ley
N°20.248 de Subvención Escolar Preferencial (SEP).
La
Superintendencia de Educación respondió recordando la imposibilidad de
utilizar dichos recursos para el pago de gastos generales de educación,
como es este caso.
Los
concejales manifestaron, a través de un comunicado, que “estimamos
necesario que sea el Ministerio Público el que ponderando los
antecedentes (…) investigue y, de reunirse los antecedentes
correspondientes, formalice la misma y se proceda a buscar que los
tribunales de justicia sancionen a quienes resulten responsables del
posible delito contemplado en artículo 236 del Código Penal”.
Tampoco
descartaron solicitar al Consejo de Defensa del Estado que se haga
parte en esta investigación. Las sanciones pueden llegar desde la
devolución de los dineros, multas por ese mismo concepto, hasta perder
el beneficio de subvención escolar preferencial.
“Yo fui el que me autodenuncié”
El
alcalde Claudio Radonich, en contrapartida a esta acción, aclaró que
“yo fui el que me autodenuncié” y que se trató de un caso límite, debido
a que se habían embargado fondos que no permitirían pagar el sueldo al
personal de la educación. Debían pagarse $1.000 millones de la primera
cuota exigida por el tribunal ante un juicio perdido en 2015.
“Fuimos
notificados horas antes del pago que no iba a revertirse ese embargo y
nos dimos cuenta de que teníamos menos del 20% del dinero necesario para
pagar los sueldos de los asistentes y de los profesores del sistema
municipal”, explicó el edil.
Agregó
que solicitó ese lunes un pronunciamiento de la Superintendencia de
Educación “que nunca llegó” y que “tuve que tomar la opción de utilizar
fondos SEP empozados para poder garantizar la continuidad del sistema
educativo que beneficia directamente a los alumnos vulnerables, que es
justamente lo que busca la SEP”.
Radonich
aseguró que “el dinero se reinvirtió 100% en el sistema educativo, no
hay ninguna forma de haber pagado medicamentos o algo distinto a pagar
los sueldos”.
También
contraatacó diciendo que le llama la atención “que estos cuatro
concejales, una de ellas que estuvo trabajando en un colegio municipal
durante la campaña del año 2016” y a los que participaron de la
administración anterior, los calificó de “cómplices”.
Continuó
diciendo que “personas que han sido concejales, nunca les he escuchado
una propuesta concreta, real y dentro del marco jurídico para buscar una
solución a estas deudas que ellos muy bien conocen del año 2015”.
Agregó
que “si vamos a hacer política, no la hagamos a costa de 12 mil
estudiantes que tuvieron un año muy complicado” y que “yo tengo una pega
distinta, que es buscar la solución a los problemas, no a comentarlos”.
Finalizó
indicando que “tal como hice esta autodenuncia, vamos a ir a conversar
con la Fiscalía y están todas las puertas abiertas para que de manera
transparente puedan ver y verificar que cada peso que utilizamos fue
para que esas aulas estén con alumnos”.
“No se actuó de acuerdo a la ley”
La concejala Verónica Aguilar,
quien fue una de las patrocinantes de la petición a la Fiscalía de
investigar, explicó que “lo que dice la Superintendencia de Educación es
que los pagos de remuneraciones por concepto de la ley SEP se pueden
utilizar siempre y cuando sean para funcionarios que estén bajo la
tutela de la ley de Subvención Escolar Preferencial no es para todos,
como se hizo en este caso”.
Agregó
que “a título personal, yo creo que efectivamente aquí nadie se llevó
la plata para la casa, sino que hay un tema que es legal y no se actuó
de acuerdo a la ley, hay que analizar si está o no de acuerdo a la ley
pertinente y, evidentemente, mi labor como concejala es aprobar y
proponer iniciativas y también fiscalizar”.
Respecto
de los dichos del alcalde por la complicidad en la situación que aqueja
a la Cormupa de quienes participaron en administraciones anteriores,
Aguilar contestó que “no me puedo hacer responsable, porque yo soy
concejala desde la misma fecha que él es alcalde”.
La concejala también advirtió que “con respecto a lo que señala (Radonich) de
si tuvimos la oportunidad de hacer una sugerencia, nosotros desde abril
que le estábamos señalando al alcalde que existía esta demanda y que se
iba a tener que cancelar, le exigíamos en su minuto y le preguntábamos
qué se iba a hacer, nos estábamos adelantando a los hechos”.
También
indicó que “lo más probable es que si nos hubiese preguntado sobre la
utilización de estos fondos, hubiésemos entregado nuestras propias
sugerencias”, pero aseguró que “no tuvimos la oportunidad”.
Finalizó
señalando que “el embargo se podría haber evitado si se hubiese
generado una conversación previa, no solamente con el gremio
querellante, sino también con los concejales, podríamos entre todos
haber generado algo”.
@María.P.Sandoval