La ministra de Salud, Dra. May Chomalí, expuso ante la Comisión de Salud del Senado los alcances del proyecto que optimiza la sustentabilidad del sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo (Ley N° 20.850, Ley Ricarte Soto), en segundo trámite constitucional. La titular advirtió que el fondo de reserva llegó a saldo cero en 2026, dado que el gasto real supera año a año los ingresos basales, lo que exige una reforma urgente para asegurar la cobertura de más de 52 mil beneficiarios en Chile.
La propuesta legislativa aumenta el aporte fiscal anual de 100.000 a 185.000 millones de pesos, amplía el techo de gasto del 80% al 90% y faculta aportes fiscales extraordinarios. Además, introduce herramientas de gestión como la actualización ágil del Precio Máximo Industrial, el intercambio por medicamentos biosimilares más económicos y acuerdos de riesgo compartido con laboratorios para generar ahorros y viabilizar la incorporación de nuevas patologías.
Para la Región de Magallanes, esta reforma supone avances concretos frente al aislamiento geográfico:
– Continuidad de tratamientos: otorga certeza y cobertura financiera ininterrumpida para pacientes magallánicos con patologías oncológicas o raras que requieren fármacos de alto costo.
– Descentralización médica: la flexibilización para sumar prestadores facilita diagnósticos en la red de salud regional, reduciendo la necesidad de trasladarse a la capital.
– Participación austral: la modalidad telemática en las comisiones evaluadoras permitirá que organizaciones locales de pacientes incidan directamente sin barreras de distancia.
– Trazabilidad digital: los usuarios podrán revisar en línea el estado de su postulación.