La
Municipalidad de Punta Arenas desmintió ayer haber cedido ante las
presiones del Consejo Regional, en lo referente a las exigencias para
aprobar los recursos FRIL.
El
miércoles, el Consejo Regional estaba ad portas de aprobar una moción
que exigía “dar cabal cumplimiento a lo resuelto por la Contraloría
Regional, en su informe Investigación Especial N°17 de 2014, para lo
cual los municipios entregarán dicha información al Gobierno Regional
como antecedentes necesarios para permitir un pronunciamiento fundado por parte del Consejo Regional”, es decir, la aprobación de los proyectos.
Esa
moción fue conocida por Dora Ojeda poco antes de la sesión provocando
su iracunda reacción, que llevó a la suspensión de la sesión.
Al
día siguiente, en horas de la mañana, el alcalde Radonich informaba que
el Municipio no solo había dado cumplimiento a esta resolución, sino
también a lo resuelto dos años después, en 2016, con aun más
antecedentes.
Por
la tarde, en una nueva sesión extraordinaria, esta vez sin
interrupciones, el Consejo Regional abordó de nuevo el referido
proyecto, pero esta vez con un agregado diferente: se exigía acreditar
el cumplimiento de lo resuelto por la Contraloría, ya no en 2014, sino
en 2016, tal y como el alcalde había destacado como sello de su gestión,
horas antes.
La moción concluía: “Cabe consignar que esta información fue recibida
oficialmente el día de hoy (22 de noviembre), mediante el oficio 2409 e
informes anexos”.
Concluida esta lectura, el Consejo procedió a aprobar la moción.
Precisiones
Ayer, el alcalde dio a conocer, precisamente, el referido oficio 2409.
En
lo referente a la entrega del listado de personas beneficiarias, la
Municipalidad informó que “no es posible acceder jurídicamente a lo
solicitado, sin la autorización expresa del titular de la información.
Es por eso que se remitirá una copia del oficio de referencia (es decir
la solicitud de información del Consejo Regional), a cada uno de los
inscritos en el Registro de la Oficina de Intermediación Laboral para
efectos que autoricen la entrega de los datos personales”, expresó.
De hecho, este procedimiento ya había sido dado a conocer durante la sesión por la consejera Roxana Gallardo.
Procedimientos
En
lo referente a la adopción de procedimientos internos que acaten lo
dispuesto por la Contraloría en 2014, el oficio señala, casi en tono de
reproche, que la última investigación sobre la materia se realizó en
2016.
Y
acto seguido, indica: “Las observaciones efectuadas en la misma y que
dicen relación con los criterios objetivos, según los cuales se
seleccionará el personal, fueron debidamente corregidas a través de los
Decretos Alcaldicios, indicados anteriormente, lo cual además con
posterioridad fue revisado en informe de seguimiento en junio de 2017
por la Contraloría Regional y por tanto no procede la certificación
señalada, ya que corresponde a materias de administración interna, que
conforme a la normativa no deben ser legitimadas, por cuanto es de su
naturaleza una obligación legal de este ente público su estricto
cumplimiento, además de reiterar que por ley estas materias son
fiscalizadas por Contraloría, como ha ocurrido en la especie”, concluyó.
Para el CORE este documento constituyó el certificado.
@PedroEscobar