Por los
particulares mecanismos de toma de decisión empleados por la jefa regional de
la cartera, María Isabel Ochsenius Rasso, quien en primer lugar, habría solicitado
un sumario administrativo injustificado, omitiendo en su haber la realización
de instancias de investigación previas contempladas en el propio estatuto.
Esto, pese al
reconocimiento de la oficina regional a través de la obtención del Premio Anual
por Excelencia Institucional, entregado por la Presidenta Michelle Bachelet en
julio del año pasado y donde fue la propia directora quien señaló en su momento
que “esto significa que nuestra institución durante el año 2013, desarrolló la
mejor gestión entre todos los servicios públicos del país”.
De igual forma,
el organismo gremial denunció la existencia de prácticas antisindicales, además
de la indebida interpretación de la Ley 20.730, conocida como Ley del Lobby,
donde está habría sido invocada por la directora a raíz de su negativa ante la
solicitud de reunión emitida por los funcionarios en conjunto con la ANEF.
Finalmente, los
representados se aferraron al contexto de la Ley 19.296, instancia legal que a grandes rasgos
establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración
estatal, particularmente en su Artículo
25; donde se deja expresa constancia acerca de que “los directores de las
asociaciones de funcionarios tendrán derecho a solicitar información, de las
autoridades de la institución correspondiente, acerca de las materias y de las
normas que dijeren relación a los objetivos de las asociaciones y a los
derechos y obligaciones de los afiliados. “, de igual forma se indica que “Las
autoridades de la institución deberán recibir oportunamente a los dirigentes y
proporcionarles la información pertinente”, base contextual que daría cuenta
del eventual incumplimiento de los deberes básicos consagrados en el área
gremial.