Durante los primeros días de enero, el Servicio Nacional de Menores (Sename), anunció el fin de los convenios con los Programas de Prevención Comunitaria (PPC). La razón: un reenfoque del servicio a nivel nacional, que pasaría a especificar su labor en la reparación de los menores vulnerados para así propiciar la entrada de otras instituciones en el ámbito de la prevención, como el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud.
Desde entonces, la directora nacional del Sename, Marcela Labraña, se convirtió en una visita muy esperada, sobre todo por el Consejo Regional (CORE), que decidió defender la continuidad de dichos programas y pidió con meses de antelación una reunión con la mandamás del servicio.
La idea era conversar la posibilidad de mantener los PPC, a través de un plan conjunto entre el CORE y el Sename, por lo que se consideraba la posibilidad de que el órgano colegiado aprobara el uso de fondos regionales para su mantención por un año.
Sin embargo, a medida que transcurría la reunión, el clima se hacía cada vez más tenso, luego que Labraña explicara que el nuevo rumbo de la entidad y anunciara que se desarrollará una mesa de trabajo para elaborar un plan regional de infancia que determinaría nuevas formas de llevar a cabo la prevención de la vulneración de los derechos de los niños.
“El Sename no puede seguir siendo la única institución que vele por la infancia”, indicó reiteradamente Labraña.
Frente a ese escenario, los consejeros Marcelino Aguayo, Patricia Vargas y Ramón Lobos se declararon decepcionados, pues indicaron que esto significa el fin de los PPC.
“De acuerdo a la política nacional del Sename, a ellos ya no les corresponde y debiera ser otra institución la encargada. Me cuesta pensar en quién va a asumir específicamente esa área. Nosotros teníamos toda la voluntad de mantenerlos, pero hoy nos dijeron que nos íbamos a enfocar en la política infanto juvenil y el Gobierno Regional (GORE) va a trabajar en eso. Es de esperar que los nuevos dispositivos sean mejores, queremos que el tema de prevención no se termine”, manifestó Patricia Vargas.
Por su parte, Marcelino Aguayo declaró que “el trabajo territorial se perdió. Lamento que la expertise se pierda y estoy frustrado por no haber podido hacer entender a la autoridad regional y nacional”.