Bajo el persistente viento primaveral que cruza la capital de la Provincia de Última Esperanza, los asistentes de la educación de Puerto Natales decidieron salir a las calles y paralizar sus funciones este miércoles 11 de noviembre. La movilización tiene un objetivo innegociable: exigir el pago inmediato de un 40% de sus ingresos que se mantiene adeudado tras el complejo traspaso laboral desde la extinta Corporación Municipal al nuevo Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
El conflicto, enraizado en convenios colectivos suscritos durante la antigua administración edilicia, sumó este año un duro revés para los trabajadores con la suspensión unilateral de estos pagos en el mes de febrero y la persistencia de descuentos salariales imprevistos.
El peso de la transición y el fallo de Contraloría
La génesis de esta disputa se remonta a la fricción administrativa que supone la desmunicipalización en zonas extremas. Al cambiar de empleador, los asistentes mantuvieron acuerdos adquiridos que continúan en controversia. Sin embargo, un reciente dictamen de la Contraloría General de la República despejó el panorama normativo en favor de los trabajadores, ordenando el pago retroactivo de los montos retenidos; un fallo que los gremios hoy exigen materializar a la brevedad.
Mientras las banderas magallánicas ondeaban en las principales arterias de Puerto Natales, a más de doscientos kilómetros al sur, en la capital regional de Punta Arenas, la tensión resonó en los despachos gubernamentales.
Respaldo desde la Secretaría Regional Ministerial
El Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado, abordó el conflicto con un tono conciliador y entregó un respaldo explícito a los manifestantes, reconociendo el desgaste de los funcionarios australes.
“Entendemos la preocupación de los asistentes de la educación. En general, no solo los de la provincia de Última Esperanza, sino que de toda la Región de Magallanes (…) Son muy importantes dentro de acuerdos, roles y funciones que desempeñan en los establecimientos”, puntualizó la autoridad.
Alvarado fue categórico respecto a la legitimidad institucional de las exigencias emanadas desde los sindicatos natalinos, recordando la obligatoriedad del dictamen fiscalizador:
“Las demandas de ellos son justas. Y si son justas, obviamente para aquello la Contraloría General de la República ya entregó un fallo y el fallo es ‘cúmplase’. Esa instancia se debe señalar porque se debe cumplir con lo que la Contraloría General de la República está señalando“.
Respecto a la operatividad de los pagos y los actuales cuellos de botella financieros, el titular regional de Educación reconoció la existencia de impasses administrativos a nivel comunal de los que no son parte directa, pero aseguró que desde el Ministerio la instrucción está clara. “Están en una instancia de ver la factibilidad de que los recursos financieros estén presentes para hacérselos llegar cuanto antes a los asistentes de la educación”, detalló.