Desde inicios de este año, más de 1.000 asistentes de la educación en Punta Arenas y Puerto Natales se encuentran movilizados exigiendo el cumplimiento del pago del 40% restante fijado en los convenios colectivos suscritos antes del traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes en 2024.
El conflicto, que involucra cerca de $7.000 millones de pesos en total, se encuentra actualmente en manos de la Contraloría General de la República, organismo que evalúa un requerimiento de la Dirección de Educación Pública (DEP) para destrabar los traspasos a las cuentas personales de los trabajadores.
¿Qué frenó el pago del beneficio?
En junio, la Contraloría ratificó un dictamen previo en el que desestimó que el SLEP realizara el traspaso de los fondos de asignación de zona, argumentando que implicaba un doble pago con recursos públicos directos.
Sin embargo, para sortear este inconveniente, la DEP y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) establecieron una vía alternativa: efectuar el pago mediante una planilla complementaria financiada con descuentos al Fondo Común Municipal (FCM) de cada municipio.
El pasado 28 de julio, la DEP elevó una consulta formal para precisar la operativa de este mecanismo, trámite que actualmente está en etapa de análisis por el ente contralor.
“Los dineros están en una cuenta del Servicio Local de Educación, listos a que la Contraloría diga que se liberen para su pago. Necesitamos que aparezca explícitamente en los resuelvos del dictamen para que tenga el peso legal necesario y los alcaldes no puedan cuestionarlo.”
— Osvaldo Sánchez, presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación “Hermes Hein Bozic” de Natales.