Esta realidad sería constatada
además, por las propias entidades privadas con las que habitualmente se
relacionan.
Pese a que se solicitó la
revisión del tema, Contraloría de la República no ha emitido respuesta.
Específicamente tres días duró la
presentación de argumentos correspondientes a cada una de las partes
involucradas en el polémico Caso Penta que ha visto salpicado a una serie de
actores relevantes para el devenir político del país, instancia cuyos
resultados se darán a conocer a partir de las 10.00 horas de hoy.
Y es que diversos parlamentarios
han salido a la palestra por su eventual vinculación con los dineros
pertenecientes al hollding empresarial chileno, quienes a través de sus
inversiones en las áreas de previsión, seguros, finanzas, salud, inmobiliaria y
educación, habrían realizado algún tipo de aporte a las campañas electorales de
los legisladores mencionados.
Es bajo este escenario que se
reabrió el debate en torno a la relación generada entre dinero-política, sobre
todo a cerca de cuatro meses de haber entrado en vigencia la Ley N° 20.730, la
que a grandes rasgos regula el lobby y las gestiones que representen algún tipo
de intereses particulares ante las autoridades y funcionarios públicos,
entiéndase a nivel regional, jefes de servicios, directores, intendente,
gobernadores, seremis, consejeros, concejales, diputados, senadores, fiscales,
entre otros.
Por su parte, el concejal de
Punta Arenas, Danilo Villegas Minte, manifestó que pese a la plena vigencia de
la norma, todavía existen dudas sustanciales con respecto a la aplicación de la
normativa legal, no sólo por parte de las autoridades comunales
particularmente, sino que inclusive, serían las propias entidades privadas las
que dan cuenta de la ambigua legislación vigente. “Nosotros como concejales nos
vemos complicados con la aplicación, básicamente porque siempre estamos siendo
invitados a participar de actividades con las más diversas organizaciones,
sobre todo vecinales, por lo tanto y en estricto rigor, no nos podríamos juntar
con nadie”, explicó el edil, enfatizando que según la regla, los concejales
debiesen inhabilitarse ante cualquier solicitud de los vecinos, situación que
no pareciese adecuarse a la lógica laboral de las electas autoridades dado el
recurrente trabajo empleado en terreno.
De esta manera, Villegas informó
que durante el mes de diciembre, durante el Congreso Nacional de Concejales, se
solicitó la revisión del caso directamente en la Contraloría General de la
República sin respuesta hasta ahora, manteniendo en ascuas el íntegro
desarrollo de la Ley del lobby, al presenciarse una serie de vacios legales que
no permiten esclarecer temas prácticos.