A menos de un mes de que el Ministerio de Justicia y DD.HH. emitiera una indicación que autorizaba la formación de los tribunales de ejecución de penas, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta iniciativa el pasado lunes. Ahora, el proyecto pasará a segundo trámite legislativo.
La seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, destacó este avance “que redunda en la modernización del sistema penal y se cumple con el compromiso de Gobierno enmarcado en el ámbito de seguridad ciudadana y prevención del delito”.
La autoridad, agregó que esta iniciativa legislativa se basa en la situación penitenciaria actual del país, con un aumento sin precedentes en la cantidad de personas privadas de libertad. La finalidad de la moción es establecer tribunales especializados en la ejecución de penas, ya que en Chile no hay jueces encargados de la vigilancia penitenciaria o la ejecución de penas.
Es por esto que la ejecución de la pena “es clave para permitir que aquellas condenas dictadas por los tribunales se cumplan adecuadamente, además de cautelar los derechos de las personas condenadas y, en el largo plazo, garantizar la reinserción de los penados y la seguridad pública”.
El objetivo principal de la ley es establecer un control jurisdiccional en la fase de ejecución de la pena, tal como lo han demostrado varias instituciones del sistema de justicia penal, centros de estudio, parlamentarios y doctrinas.
La seremi Peutat enfatizó la importancia de tener estos tribunales especializados, ya que actualmente hay alrededor de 54 mil personas encarceladas y alrededor de 145 mil sujetas a control en el país.
La ley establece una implementación gradual de tribunales de ejecución de penas y medidas de seguridad en 14 territorios jurisdiccionales y 36 salas preferentes (en juzgados de garantía) en otras comunas que cuenten con establecimientos penitenciarios del sistema cerrado dentro de su jurisdicción.