La Segunda Sala del Tribunal Constitucional de Chile puso en su tabla,
para hoy, la presentación de los abogados Miguel Soto y Valentina Horvath que,
en representación del desaforado e imputado senador Carlos Bianchi Chelech,
busca dejar sin efecto las medidas resueltas, por la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas, primero, y la Corte Suprema, después, y que determinaron el
desafuero del controvertido parlamentario.
La causa, cuyo Rol es el 28 68 – 15, fue ingresado el viernes pasado.
Los abogados de la defensa del desaforado senador, imputado por
negociación incompatible y fraude al Fisco reiterados, pretenden que se
cuestionen las decisiones de los máximos tribunales de Magallanes y del país
que, en el primero de los casos, fue adoptado por la unanimidad de los
ministros, y por amplia mayoría, en el caso de la Corte Suprema de Justicia.
En una presentación de poco menos de un centenar de fojas, la defensa
pretende que esas decisiones queden anuladas por la presunta inaplicabilidad
por anticonstitucionalidad de lo dispuesto en los artículos 239 y 240 del
Código Penal, lo que impediría que Bianchi Chelech fuera sometido a proceso,
junto a sus dos cuñados, por la Fiscalía Regional de Magallanes, que sí lo
serían, ya que nunca tuvieron el privilegio del fuero que beneficiaba al
parlamentario.
El abogado Nicolás Sánchez, del prestigioso estudio jurídico Bosselin,
Briones, Irureta y Sánchez señaló que este tipo de presentación ante el
Tribunal Constitucional es difícil que sea acogido a tramitación, y si lo
fuera, ella podría durar más de un año.
De esa forma, explicó el jurista, se podría causar más daño al
patrimonio fiscal, esta vez, por un monto superior a los cien millones de pesos
ya que mientras dure esa tramitación el desaforado e imputado senador Bianchi
seguirá percibiendo una dieta de monto superior a los 9 millones de pesos
mensuales, todo lo cual debería sumarse, señaló un abogado regional consultado
al respecto, al daño ya causado por fraude al Fisco y negociación incompatible
que, de acuerdo con la investigación realizada durante dos años por la Fiscalía
Regional de Magallanes, supera los 45 millones de pesos, o sea, más de 150
millones de pesos en total.
Bianchi Chelech no concurre al Senado ya que está suspendido de sus
funciones desde el martes 14 de julio; no puede participar de las sesiones de
comisiones ni de sala y, por lo tanto, las millonarias asignaciones
establecidas por el Senado, le han sido suspendidas hasta que no se clarifique
completamente su situación procesal por negociación incompatible y fraude al
Fisco reiterados, juicio que se iniciará a comienzos del próximo mes de agosto.
De acuerdo con expertos jurídicos, con esta maniobra, la defensa de
Bianchi busca otro mecanismo que indica que se agotarán todas las instancias
posibles para tratar de que el desaforado e imputado parlamentario vaya a
juicio, aunque este último recurso no fue utilizado por su defensa durante la
tramitación del desafuero y, más aún, esa defensa renunció a ello en su
oportunidad.
Además, al parecer, se busca, politizar el uso y disposiciones del Código
Penal ya que, por esa vía, pese al desafuero y a la imputación por negociación
incompatible y fraude al Fisco reiterados, al acogerse la inaplicabilidad -lo
que parece ser muy difícil a estas alturas de los pasos ya dados por la
justicia en contra de Bianchi y sus dos cuñados- generaría un precedente que
dejaría en la impunidad los delitos cometidos por parlamentarios en el
ejercicio de sus cargos.
También ha llamado la atención que de los defensores iniciales del
parlamentario imputado y desaforado, sólo se mantenga en esa tarea el
profesional Guillermo Soto y que no hayan vuelto a figurar ni Pedro Orthusteguy
ni Mauricio Daza, aunque éste último tiene como parte del estaff de su bufete
jurídico a Valentina Horvath, hija del senador Antonio Horvath, pero que no ha
sido cuestionado, y a la cual Daza estaría unido por lazos matrimoniales.