Un día después de cumplido el plazo establecido ingresó al Juzgado de
Letras del Trabajo de Punta Arenas el acuerdo entre la Corporación Municipal de
Punta Arenas (Cormupa) y los abogados de más de 400 docentes que ganaron el
juicio de cobranzas por el llamado Bono de Subvención Adicional Especial (SAE).
El acuerdo llegó luego de que el 25 de mayo pasado, a casi un año de
que se anunciara el fallo de la Corte Suprema que obligaba a la Cormupa a pagar
a los docentes, se llevara a cabo un embargo a una serie de cuentas corrientes
de la institución. El monto era de más de $ 805 millones.
Pese a que, en una primera oportunidad, se encontró una cifra cercana
a los $ 500 mil, eventualmente el tribunal logró requisar un monto total de $
226.401.042, en una opoeración realizada el 29 de mayo pasado.
Los fondos, no obstante, no alcanzaron para pagar las dos demandas
perdidas por los dineros correspondientes a 2010: un grupo de profesores
colegiados habían logrado ganar la suma de
$ 651.475.631, mientras que sus colegas no colegiados habían logrado
$ 154.229.315.
Con todo, la corporación aún adeuda un total de $ 579.303.904 a los
profesores demandantes.
Por ello, ambas partes decidieron solicitar que se suspendiese la
incautación de los dineros hasta el 5 de julio, para lograr un acuerdo de pago.
Pese a las dificultades dentro de la institución dependiente de la Municipalidad
de Punta Arenas -que, en medio de las negociaciones sufrió la renuncia de dos
de sus abogados-, el acuerdo finalmente se selló.
Según documentos ingresados el pasado 6 de julio al Tribunal de
Cobranza Laboral de Punta Arenas, los profesores y la Cormupa acordaron que los
dineros embargados pagarían parte de los dineros demandados, mientras que se
estableció un plan para el resto de los montos.