Con poca fe. Así
se sienten hoy en el gremio de usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas,
Cámara Franca, frente a las declaraciones del intendente de Magallanes, Jorge
Flies, emitidas en el Diario El Pingüno el pasado domingo.
En la
oportunidad, la máxima autoridad regional informó que la Intendencia se
mantiene a la espera del informe final de Contraloría -que recibiría en julio-
y con los ojos puestos en los procesos judiciales pendientes: en dos de ellos,
la administradora del recinto, SRI, solicita la restitución de dineros pagados
por concepto de multas durante las administraciones regionales anteriores.
En tanto, una
segunda demanda, interpuesta por los usuarios, es en contra de SRI y de la
Intendencia, en referencia a un reglamento interno que Cámara Franca considera
ilegal.
“No creo nada
mientras no lo vea”, manifestó ayer el presidente de Cámara Franca, Marcelo
Muñoz. Sostuvo que las acciones del Gobierno Regional (GORE) “tenemos que
verlas. Lo mismo que está diciendo ahora lo dijo en septiembre del año pasado,
así que tenemos que verlo. Espero que cumpla su palabra”.
Manifestó que “si
se aplica la letra del contrato, el intendente debería caducarlo. Al menos hay
tres cláusulas por las que el contrato ya debería haberse terminado. Si hace
cumplir el contrato, tiene que caducar”
Sobre las
acciones de Flies, “sólo decimos ver para creer”, sentenció.
El domingo, el
intendente Flies detalló que el proceso judicial es llevado adelante por el
Consejo de Defensa del Estado (CDE), con asesoría de la Intendencia. “Nosotros
estamos procediendo a contestar y ayudando al CDE, que lleva estos procesos
adelante. Mientras tanto, seguimos el proceso de fiscalización”.
La autoridad
señaló que “tenemos un informe preliminar de Contraloría, que es el más
contundente que se ha hecho sobre este contrato. El informe final lo vamos a
tener el mes de julio y para nosotros es fundamental en el trabajo
administrativo y jurídico que vamos a llevar adelante”.