El
Colegio Comunal de Profesores de Punta Arenas, a través de su
presidenta, Alicia Aguilante, presentó una querella contra el presidente
de la Corporación Municipal (Cormupa) de la capital regional de
Magallanes, por el no pago de cotizaciones previsionales y de salud de
los docentes, “como también el no pago íntegro de nuestras
remuneraciones, reteniendo nuestro empleador sumas de dineros de
créditos sociales que se deberían destinar al pago de los mismos
créditos. Que, a lo anterior, se suma el no pago de dineros descontados
de nuestras remuneraciones respecto de convenios y discordancias
existentes en el pago del seguro de cesantía”, precisa el documento
presentado al Juzgado de Garantía, el cual también detalla que el
reclamo está dirigido a la secretaria general de la Cormupa.
Historia
En
la querella, se recalca que este es un conflicto histórico y así lo
revelan los registros de prensa de los distintos medios de comunicación.
El documento asegura que desde el año 2015 estos inconvenientes han ido
evolucionando junto a sus efectos colaterales, existiendo varias causas
relativas a esta materia.
“La Cormupa señala que este conflicto deriva por el pago de indemnizaciones de una demanda, ignorando precisamente
a cual se refiere, no obstante ya han transcurrido 7 años sin que cesen
las vulneraciones a nuestros derechos como trabajadores y que derivan
en hechos constitutivos de delitos a los cuales la ley ha asignado
responsabilidad penal. (…) lamentablemente nos encontramos ante un
empleador constantemente incumplidor en el pago oportuno y eficaz de las
cotizaciones de seguridad social,
AFP, Fonasa e Isapres, como también en el pago de las cuotas de
créditos Coopeuch, Banco BCI Nova, caja de compensación La Araucana,
entre otros”, dice la querella, recalcando además que estas faltas no
les permiten obtener créditos de consumo e hipotecarios, como también el
rechazo de bonos para atenciones médicas.
Hechos recientes
Recordando
que desde el año 2020, existe una causa por la misma materia, el
Colegio de Profesores de Punta Arenas añade que hay cotizaciones impagas
en nuevos períodos, posterior a la interposición de la querella
individualizada precedentemente. Se refieren a hechos ocurridos
posteriores al año 2021.
“En
múltiples ocasiones la Cormupa se ha visto fiscalizada, arrojando allí
la falta de concordancia entre lo que efectivamente entrega el
Ministerio de Educación y lo que se refiere a lo que debería ser fondos
para el pago de remuneraciones y todo lo que ello implica, generándose
una deuda millonaria. (…) Es de nuestro interés solucionar esta
irregular situación solicitando que se haga efectiva la responsabilidad
penal que le asista a los querellados y a todos quienes pudieren tener
participación como autores, cómplices o encubridores”, dice la querella.
Para
respaldar la falta de pagos, a lo que créditos se refiere, el documento
señala que esto se verifica “cuanto Coopeuch, Caja de compensación la
Araucana y otras han respondido los oficios que se han solicitado en
diversas causas laborales seguidas ante el Tribunal del Trabajo de Punta
Arenas por vulneración de derechos fundamentales que se tienen contra
la Cormupa evidenciando
que nuestro empleador no pagaba los créditos sociales, no obstante sí
descontaba dichos fondos de nuestra remuneración. A todo lo expuesto
debemos sumar que se produjo en diversas ocasiones, y hemos tomado
conocimiento de ello por las noticias que han sido transmitidas por TV
RED, con la cual se tiene convenio, que una vez más la Cormupa descuenta
de nuestra remuneración dicho servicio para quien lo tenga contratado,
pero al igual que con los otros convenios, estos no han sido pagados”,
agrega la querella a modo de conclusión de los hechos.
Presuntos delitos
Por
lo expuesto anteriormente, en concreto, el Colegio de Profesores de
Punta Arenas interpuso una querella criminal en contra de las
autoridades de la Cormupa por los delitos consumados “de apropiación
indebida de cotizaciones previsionales del artículo 13 de la ley 17.322,
delito de malversación de caudales públicos del artículo 236 y 237 del
código penal y de apropiación indebida de dineros del artículo 470 nº 1
del Código Penal”.
Es
por esto que solicitan a la justicia que se acoja a tramitación y sea
remitido al Ministerio Público, para que haya un pronunciamiento al
respecto.