Un total de 516 patentes municipales de alcoholes fueron renovadas en la sesión de ayer del Concejo Municipal.
La
aprobación se produjo tras votación unánime y luego que se leyera el
informe respectivo elaborado por el departamento jurídico del municipio.
“Tuvimos que aprobar una cantidad innúmera de patentes de alcoholes, lo
que nos consumió una gran cantidad de tiempo de la sesión que es,
siempre un tema árido y complicado”. Explicó que las patentes se
renuevan hasta fin de año. Y una vez llegado enero se procede a una
nueva renovación hasta mediados de año.
El alcalde se abstuvo de
aprobar tres locales “a los cuales les realicé trabajos particulares
antes de entrar al municipio”, mientras que el concejal Karelovic hizo
lo mismo con los establecimientos Club Croata y Club Errázuriz, de los
cuales es socio, indicó.
De hecho, los departamentos técnicos todavía
están trabajando en un segundo grupo el cual será sometido a votación
en la siguiente sesión del concejo.
Rechazo
Sin embargo, no
todo fueron noticias positivas para las botillerías. Antes de la
votación, el Concejo Municipal acogió la solicitud de la junta de
vecinos El Ovejero que pedía no otorgar la patente de alcohol a un
establecimiento que pedía patente de supermercado y de alcoholes en
Bulnes 360. La Junta de Vecinos realizó una votación en la cual, salvo
una abstención, se votó unánimemente por rechazar la instalación de
dicho establecimiento de alcoholes.
Observaciones
Durante la
discusión de este tema, el concejal Andro Mimica hizo ver además la
necesidad de actualizar la Ordenanza Municipal sobre este tema, dada la
gran cantidad de locales existentes en Punta Arenas, para adecuarla a
las nuevas leyes vigentes sobre la materia.
El alcalde Emilio
Boccazzi planteó, sin embargo, que el número de locales de venta de
alcohol ha ido disminuyendo sostenidamente en Punta Arenas en los
últimos años.
Clandestinos
Finalmente, los concejales
Villegas y Aguilante pidieron que se extremen las medidas de
fiscalización de los clandestinos, para lo cual es necesario una
coordinación con la Gobernación Provincial, pues al operar en viviendas
particulares, no pueden ser fiscalizados por inspectores municipales, lo
cual dificulta el control de este problema.