La historia está a punto de cumplir seis años. Comenzó en
agosto de 2009, cuando la Dirección Regional de Gendarmería de Magallanes
contrató a la empresa local Ingeniería Mecánica, Proyectos y Asesorías Limitada
(IMPA Ltda.) para realizar una mantención de los servicios de calefacción de la
Cárcel de Punta Arenas. Realizados los trabajos, tuvieron que transcurrir años
para que la empresa recibiera la totalidad del pago: hasta mayo pasado, se
adeudaban más de $ 25 millones, que sólo fueron pagados luego de que la Corte
de Apelaciones de Punta Arenas obligara a entregar los dineros.
La situación consta en un reclamo que la defensa de la
empresa presentó ante la Contraloría Regional de Magallanes y cuyos
antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República. En él,
se solicita que se determinen las responsabilidades administrativas en torno al
retraso del pago de los servicios.
Según consta en los documentos entregados al organismo
fiscalizador del Estado, la acusación es por “infringir los deberes de
eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos
con grave entorpecimiento del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la
administración, y por conculcar el principio constitucional de legalidad al
incurrir en abuso o exceso en el ejercicio de sus facultades, incumpliendo los
principios de responsabilidad, impulsión de oficio de los procedimientos,
celeridad, economía procedimental y no formalización”.
Frente a ello, el director regional de Gendarmería, coronel
Víctor Fuentes, sostuvo que “no nos podemos pronunciar sobre los resortes de
Contraloría. Hay un documento enviado hace tiempo, pero no ha habido una
respuesta”.
Agregó que “entendemos absolutamente la posición de IMPA,
pero esta es una problemática que data desde hace tiempo. Es difícil buscar la
responsabilidad administrativa de la gente que inició este proceso o que tuvo
participación, porque están retirados”.