Un total de $ 825 millones pagó la Corporación Municipal de
Punta Arenas (Cormupa) entre 2012 y 2013 por el concepto de Asistencias
Técnicas Educativas (ATE). Todos esos pagos fueron auditados por la Contraloría
Regional de Magallanes, en una investigación especial que comenzó tras
denuncias anónimas por presuntas irregularidades en los gastos.
El informe fue emitido el pasado 26 de mayo y, en él, el
ente fiscalizador detalla una serie de situaciones irregulares en el desarrollo
de los contratos.
Entre esas situaciones, hay una que motivó que el ente
fiscalizador elevara los antecedentes a la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas
y la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Magallanes y de la Antártica
Chilena.
Se trata de la contratación de la consultora Redess Ltda-
Chileduc, realizada en septiembre de 2013. En dicha oportunidad, la institución
contrató una auditoría con un costo de $ 33 millones, que pretendía generar
nuevos estatutos para la corporación.
La primera observación a ese contrato fue la fuente de
financiamiento. “Se pudo constatar que la Cormupa contrató a Chileduc (…),
realizando el pago con fondos que fueron desembolsados de la cuenta de
subvención escolar preferencial (SEP)”, estableció la Contraloría en su
informe.
Agregó que “lo anterior contraviene lo consignado en la Ley
de Subvención Escolar Preferencial, que estipula que la subvención está
destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los
establecimientos”.
Sentenció que “no corresponde que destine los recursos a un
fin distinto del previsto en la ley”.
Por ello, la entidad fiscalizadora manifestó que elevará los
antecedentes a la Procuradoría y el Ministerio Público.
Además de ello, Contraloría encontró una serie de
incumplimientos del contrato por parte de la consultora y cuestionó a la
Cormupa por no cobrar la garantía.
En otros contratos celebrados con Chileduc, la Contraloría
encontró una serie de situaciones irregulares: anulación de evaluaciones que no
se volvieron a aplicar, la no entrega de resultados, la ausencia de un
coordinador de la consultora en los colegios que fueron sometidos a evaluación,
la no presentación de un plan remedial y la no celebración de reuniones con
equipos técnicos.
Sobre la mayoría de esas observaciones, la Cormupa manifestó
que se encontraba evaluando los antecedentes para cuantificar los
incumplimientos y determinar los pasos a seguir.
La denuncia anónima también
solicitaba revisar el pago de viáticos, la designación de directores de
establecimientos educacionales -un proceso en
el que mencionan la intervención del ex jefe de Planificación de la Cormupa,
Gonzalo Pumarino, y el asesor del alcalde Emilio Boccazzi, Domingo Rubilar-,
además de una serie de situaciones relativas a cheques sin nombre o portador.
Sobre todo ello, la
entidad fiscalizadora se manifestó incompetente. Expuso que dichos ámbitos
“exceden el ámbito de competencia de este organismo”.
El informe se encuentra en
manos de la Municipalidad de Punta Arenas.