Su solicitud, aprobada por el Concejo Municipal, no encontraría
respuesta.
Hoy, el jefe comunal se encuentra a la espera de un pronunciamiento
similar. La semana pasada, ofició a la Seremi de Educación a la Intendencia de
Magallanes solicitando que el paro actual, próximo a cumplir 30 días, no genere
descuentos en la subvención que recibe la Corporación Municipal de Punta Arenas
(Cormupa).
La intención del alcalde es que la movilización no genere descuentos
en los sueldos de los profesores movilizados, quienes, el viernes pasado,
interrumpieron el Concejo Municipal pidiendo respuestas.
“Reconozco que han hecho un esfuerzo importante en movilizarse.
Tenemos varias cosas que hemos hecho con el objetivo de tener respaldos administrativos para poder
pagar por un servicio que no se ha prestado”, manifestó el jefe comunal. Detalló que “el paro se ha concentrado en
algunos colegios, ha sido más la recarga para los maestros que están en esos
colegios”.
Sobre su solicitud al Mineduc, manifestó que “le hemos reiterado que
se califique como un evento de fuerza mayor lo que está pasando en Punta Arenas
y el resto de Chile. El Gobierno nos está exponiendo”.
Sobre los eventuales descuentos de sueldo, que ya habían sido
anunciados por la Cormupa, manifestó que “es una materia que vamos a revisar y
tenemos que esperar que la Seremi de Educación nos responda. Hay una
presentación y pronunicamiento de la Corte de Apelaciones, además de
Contraloría. La ley indica que no se debe pagar servicios que no se han
prestado”.
El oficio esperaba una contestación durante las jornadas de hoy o
mañana.
La institución, que administra
la educación y salud pública en Punta Arenas, enfrenta un año complejo en lo
financiero, cuando hay un embargo pendiente por $ 805 millones -tras perder una
demanda del Bono de Subvención Adicional Especial (SAE) del año 2010- y el
Presupuesto Anual de Educación Municipal (Padem) no se encuentra considerado en
el Presupuesto Comunal 2015.
El viernes, el alcalde Emilio Boccazzi detalló que a todo ello se
añade que “tenemos porcentajes menores de asistencia de lo que calculábamos en
2015. Tenemos colegios donde no se ha prestado el servicio. Han disimiunido los
porcentajes de asistencia y el Estado insiste en pagarnos por asistencia. Necesitamos
una respuesta en 72 horas”.