Cuatro cuentas corrientes de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) fueron afectadas por la retención de dineros ordenada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, que instruyó que se retuviera un monto total de $ 100 millones.
Ello luego de la demanda presentada por Katherine Barrientos Aguilera, quien, desde noviembre de 2011, se desempeñaba como administradora de la piscina del Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.
La demanda de la ex trabajadora es superior a los
$ 94 millones, un monto que incluye el cálculo de deudas en feriado legal y comisión de ventas, entre otros puntos, además de $ 10 millones por daño moral.
Ello, debido a que la Cormupa decidió trasladar a Barrientos de sus funciones en la piscina, luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) no renovara el convenio que permitía que la corporación administrara el recinto.
De ello, la entonces funcionaria, que tenía facultades de vigilancia y control de cerca de 20 personas que trabajaban en la piscina, además de la coordinación de actividades y suscripción de convenios de colaboración, fue notificada el 30 de septiembre de este año, cuando el secretario general de la institución, Hermes Hein, le informó de ello vía correo electrónico. Su nueva función, que no estaba del todo determinada, tendría que ver con las relaciones públicas al interior del área de capacitaciones de la institución.
El cambio de condiciones implicaba el traslado de Barrientos desde la piscina del Gimnasio Fiscal a las oficinas de la Cormupa, en Jorge Montt 890, donde partiría dos días después de ser notificada.
Frente a la situación, la hoy ex trabajadora recurrió a la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, entidad que realizó visitas inspectivas y entrevistas al interior de la corporación.
Según el informe emitido por la autoridad el 29 de octubre pasado, “la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor ha alterado la naturaleza de los servicios prestados por doña Katherine Barrientos sin cumplir los requisitos que establece la ley”.
Ello, la institución lo funda en el hecho de que “a juicio de esta repartición, las nuevas funciones implican una menor responsabilidad por parte de doña Katherine Barrientos Aguilera, quien dejó de depender jarárquicamente sólo del secretario general de la Corporación Municpial de Punta Arenas, teniendo un nuevo jefe directo y dejó de tener personal a su cargo, todo lo cual le ocasiona un menoscabo intelectual y profesional a la trabajadora”.
La Inspección del Trabajo acogió el reclamo presentado por la ex funcionaria y ordenó a la Cormupa restituir a Barrientos a las mismas funciones y el mismo recinto en que se encontraba antes de la modificación del contrato, que calificó como “unilateral”.
Cuentas
El Juzgado de Letras de Punta Arenas acogió la solicitud presentada por la defensa de Barrientos, que implica notificar al banco BCI (que administra las cuentas del municipio y de la Cormupa) para retener en cuatro cuentas corrientes distintas los dineros necesarios, hasta completar $ 100 millones. Con ello, se busca asegurar que existirán los montos para pagar la demanda en caso de perderla. Los dineros fueron depositado sen la cuenta corriente bancaria del juzgado.
La situación complica a la institución comunal de dos mil trabajadores, que enfrenta, además, un paro docente que ha bajado los niveles de asistencia hasta un 27%. Con ello, no hay claridad de si el Ministerio de Educación (Mineduc) pagará la totalidad de la subvención, que en la institución utilizan para los sueldos y pagos previsionales de los trabajadores.
Demandas
La Corporación Municipal de Punta Arenas enfrenta, además, una demanda de cerca de $ 300 millones presentada por la ex jefa de la Unidad de Control, Eliana Astorga España, quien acusó diversas irregularidades al interior de la institución comunal y que, además, sostuvo que sufrió hostigamiento.
El proceso judicial iniciado por Astorga ya tuvo la audiencia de preparación y el juicio está planificado para el 5 de enero de 2015.
En tanto, la corporación perdió, además, una demanda estimada en cerca de $ 340 millones, por el pago del Bono de Subvención Adicional Especial (SAE) a un grupo de profesores. Sobre ello, el municipio buscará demandar al Fisco de Chile, para conseguir que dichos dineros provengan de la administración central, puesto que, según indicó Hein al conocerse dichos resultados, “el bono se pagó de la manera en que determinó el Mineduc”.