Cormupa: quiebre en equipo jurídico complica negociación por embargo

El 5 de julio. Esa es la fecha que el Tribunal de Cobranzas Laboral de Punta Arenas maneja como límite para un acuerdo entre la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) y más de 400 profesores que demandaron a la institución por el pago del Bono de Subvención Adicional Especial (SAE).

 

El plazo fue
consensuado entre ambas partes luego de un embargo infructuoso: los más de $
805 millones que ordenó pagar la justicia no estaban en las cuentas corrientes
susceptibles de embargo.

Con el plazo ad
portas de cumplirse, hasta ayer la institución no había logrado llegar a un
acuerdo con la parte demandante sobre las condiciones del pago. Las
negociaciones se habían retrasado con la ausencia, por licencia médica, de la
abogada Patricia Jara, quien lidera al equipo jurídico de la institución.

Ayer, tras su
regreso, la situación se complicó aún más. El equipo jurídico de la institución
sufrió un quiebre, con la renuncia de los abogados Héctor Urbina -quien subrogó
a Jara durante su ausencia- y Luis Monsalve.

La salida de
ambos se produce tras roces entre el equipo jurídico que lidera Jara con la
nueva secretaria general de la institución, Cristina Susi, quien asumió las
riendas de la organización luego de la salida del abogado Hermes Hein.

Las tensiones
entre la conducción de Susi y la Divisón Jurídica ocurren en momentos en que la
institución enfrenta actividad jurídica intensa. A las demandas perdidas ante
los profesores y otros ex funcionarios -entre ellos el ex director de la
Escuela Hernando de Magallanes, Arturo Mansilla-se suman procesos judiciales en
curso. Entre ellos, la demanda del propio Hein, además de las acciones
judiciales de la ex jefa de Control, Eliana Astorga, y la ex administradora de
la piscina municipal, Katherine Barrientos, quien ha pedido la nulidad del
proceso.

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