El documento fue
remitido por la abogada de la corporación, Patricia Jara, y la defensa de los
400 profesores que participan en la demanda por el Bono de Subvención Adicional
Especial (SAE), liderada por los abogados Javier Lagos, Daniel Cárdenas y Carla
Pérez.
En el escrito,
expresan que “de común acuerdo, solicitamos se sirva decretar la suspensión del
procedimiento desde la fecha de presentación de este escrito hasta el 5 de
julio de 2015, ambas fechas inclusive”.
La solicitud
llega tras una negociación entre ambas partes, luego de que los querellantes
solicitaran el embargo de los montos de nueve cuentas corrientes de la
corporación, por el monto ordenado a pago tras la conclusión del proceso
judicial por el pago del Bono SAE.
El proceso
finalizó el año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que
correspondía que la Cormupa pagara a los docentes los dineros ingresados por
dicho concepto durante el año 2010, pese a que el mismo tribunal había
desestimado las demandas correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009.
En mayo, el
Tribunal de Cobranzas Laboral de Punta Arenas emitió su dictamen final en torno
a los montos a pago, que consideraban $ 651 millones para el grupo de docentes
colegiados -que representan al grueso de los profesores demandantes- y otros $
154 millones para los no colegiados.
Tras ello, la
defensa de los docentes solicitó el embargo de los dineros, argumentando que no
había existido contacto desde la Cormupa para negociar las condiciones de pago.
El embargo se
hizo efectivo el lunes 25 de mayo, oportunidad en la que el receptor judicial
sólo encontró poco más de $ 500 mil en las arcas de la institución.
Después, la
Cormupa inició gestiones en el Ministerio de Educación (Mineduc) para solicitar
ayuda, mientras se negociaba con la parte querellante. En dicha negociación, se
acordó solicitar la suspensión del embargo.