En ella se dio a conocer una iniciativa del Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Punta Arenas conocida como “Escuelas de Formación Ciudadana”. Al
respecto, Francisco Díaz, jefe administrativo del tribunal, y Maritza Romero,
jefa de la Unidad de Causas, destacaron que ésta surgió en 2014 a raíz de una
inquietud del juez presidente Luis Álvarez Valdés, referida a la importancia de
que el Poder Judicial hablara sobre derechos humanos, proponiéndose formar
monitores en esta materia.
Para ello llevaron la idea hasta el Ministerio de Educación y, a través de
la respectiva Seremi, la implementaron en los primeros y segundos medios del
Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, con apoyo de la Defensoría
Penal Pública, el Ministerio Público, la Corporación de Asistencia Judicial, la
Corporación Municipal y la Seremi de Justicia. Esta iniciativa de formación
ciudadana involucró a toda la comunidad escolar (estudiantes, apoderados,
docentes y asistentes de la educación) a través de un Parlamento inter
estamental, abordándose la participación, difusión y resolución alternativa de
conflictos a través de círculos de paz, mediadores escolares y arbitraje. Hoy
se trabaja con el Insuco y pretenden extenderla a otros establecimientos
públicos de la región.
En una segunda temática, Diego Arancibia, coordinador regional de Seguridad
Pública, compartió el Informe Estratégico y Territorial de Seguridad Pública de
la Región de Magallanes del primer trimestre de 2017, sistema de información
estadística delictual que se nutre de la información que proporcionan
Carabineros y la PDI, y que tiene como objetivo poder contribuir a la toma de
decisiones en el ámbito estratégico de la seguridad pública regional.
La Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal está
establecida por ley y su objetivo es desarrollar labores de coordinación,
seguimiento y evaluación del sistema procesal penal en la región, así como
sugerir propuestas tendientes a mejorar su funcionamiento. Adicionalmente, el
trabajo de la Comisión Regional deberá orientarse a permitir la implementación
local de aquellas propuestas o políticas públicas que se definan en la Comisión
Nacional, generando una adecuada retroalimentación que potencie el trabajo de
ambas instancias.