Una ajetreada mañana se vivió ayer en una de las salas de los juzgados civiles de Punta Arenas, donde sesionó el pleno de la Corte Suprema, con la presencia de los ministros que integran el máximo tribunal presidido por Haroldo Brito.
Y fue este ministro precisamente quien compareció ante la prensa local para explicar detalles de la actividad que se realiza este fin de semana en la capital regional, en el marco de la jornada de reflexión que realizan una vez al año y que en 2018 tuvo como sede Arica, puerta norte del territorio nacional.
No obstante la formalidad habitual de los miembros del Poder Judicial, el ambiente en esta ocasión es distinto, pues el encuentro se realiza en medio de la polémica surgida tras el impasse de la Tercera Sala de la Suprema, presidida por el ministro Sergio Muñoz, con el Tribunal Constitucional (TC), que tensó las relaciones entre ambas instituciones y que se atenuó levemente esta semana tras la reunión del ministro Brito con la máxima autoridad del TC, María Luisa Brahm.
Pero el encuentro de los supremos también permite reflexionar sobre otros temas, como sondear los ánimos respecto de quién será el nuevo presidente del máximo tribunal, lo que está previsto que ocurra en diciembre próximo.
Asimismo, esta vez asisten como invitados para exponer Flavia Carbonell, académica de Derecho de la Universidad de Chile; Lucas Sierra, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), y Jorge Correa Sutil, exministro del TC.
– Ministro Brito, ¿cuáles son los motivos específicos de la visita de la Corte Suprema a Punta Arenas?
“Nos interesa estar cerca de todos, creemos que eso es fundamental. Esta es una región lejana para nosotros, que tiene una tradición jurisdiccional muy larga, por esta Corte han pasado ministros de gran trayectoria. Vinimos en busca de tranquilidad, como lo hicimos el año pasado en Arica, y desarrollamos el trabajo que necesita de mayor calma”.
– ¿Y en lo específico?
“Vamos a conocer un informe de la Universidad de Magallanes acerca de las características socioeconómicas de esta región. También trabajaremos en la renovación de nuestro plan estratégico, para ello nos hemos relacionado durante este año con las sociedades de las 17 regiones jurisdiccionales del país, un proceso que comenzó precisamente en Punta Arenas. No se trata de hacer un plan estratégico al margen de lo que piensan los destinatarios de él”.
– ¿Cuáles son los énfasis del plan estratégico?
“En lo fundamental, relevar la función del derecho frente a los conflictos, actuar con criterios objetivos en la toma de resoluciones. Asimismo, nos interesa persistir en la formación de jueces, hacer ajustes en la carrera y mecanismo de nombramientos”.
– ¿Van a conversar acerca de su sucesor en la presidencia de la Corte Suprema?
“No sé, es muy probable. Eso tiene que hacerse en diciembre y posiblemente conversemos, pero no tenemos la idea de hacerlo necesariamente. Aún hay tiempo”.
– Respecto de la controversia de los últimos días, se dice que hay 28 recursos judiciales de inaplicabilidad, similares al que provocó el impasse entre la Tercera Sala y el TC, que deben analizarse.
“La diferencia de criterio que ha sostenido la Corte Suprema en la resolución de una de sus salas, es una cuestión que se va a resolver a través de la jurisprudencia. Esa es la forma en que se resuelven estas cosas”.
– ¿Qué le parece que el ministro (Emilio) Elgueta haya recurrido al TC por vulneración de derechos?
“Me parece bien que ejerza las acciones que crea que son pertinentes al caso. Está dentro de los derechos de las personas el ejercerlos y eso es lo que está haciendo el ministro Elgueta y se resolverá como todos los asuntos”.
– Ministro, ¿hay una excesiva judicialización de temas que quizás deberían ser vistos en otras instancias?
“No me atrevería a pensarlo de esa manera. Pero cuando se están produciendo fenómenos en la sociedad es normal, la experiencia comparada lo indica, que las cosas llegan a judicializarse con mayor fuerza”.
– Respecto de la infancia más desvalida, ¿cómo se soluciona el problema de sobrepoblación en los hogares del Sename?
“El tema de los menores, y también lo sabe la autoridad administrativa, está pendiente. Se están haciendo esfuerzos importantes y es bueno estar atentos para detectar oportunamente dónde están los retrasos y las correcciones que se requieren”.
– ¿Cuál es su opinión respecto de la aplicación de justicia en el ámbito medioambiental, sobre todo cuando afectan el desarrollo de proyectos de inversión y empleo, como ocurrió con Mina Invierno?
“En regiones podríamos decir que es particularmente fuerte y dramático. Hay una colisión de derechos. Hay problemas jurídicos que son más simples de identificar y por lo mismo de brindarles solución jurídica. El tema medioambiental es particularmente complejo, porque coexisten intereses disímiles y por eso que las cosas son lentas, porque es necesario usar todo el sistema jurídico que está previsto para este tipo de dificultades”.
– ¿Qué responde el Poder Judicial cuando es interpelado por las empresas afectadas?
“Cuando las empresas tienen esa reacción, lo están haciendo por sus intereses, que también son legítimos. Así que no hay nada que decir a ese respecto. Se tendrá que resolver de acuerdo con los mecanismos jurisdiccionales del caso. Eso es lo que hace la justicia ambiental y lo que hace la Corte Suprema cuando revisa las decisiones de esa justicia”.