El Juzgado de Garantía de Rancagua dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Rocío Irala Bogado, imputada de 19 años de nacionalidad paraguaya que permanecía recluida en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas en el marco de una investigación por trata de personas.
La resolución fue adoptada durante una audiencia solicitada por la defensa para discutir el sobreseimiento temporal de la mujer, quien actualmente se encuentra hospitalizada en estado crítico producto de un daño cerebral hipóxico isquémico derivado de un intento de autolesión.
Si bien la magistrada Andrea Urbina Salazar rechazó decretar la suspensión inmediata del procedimiento por falta de certeza médica sobre la irreversibilidad del cuadro, el tribunal aceptó levantar la medida privativa de libertad -con el allanamiento del Ministerio Público y los querellantes- y fijó la cautelar de arraigo nacional.
Peritajes neurológicos
Para resolver la eventual enajenación mental sobreviniente invocada por la defensa, la jueza ordenó oficiar al Hospital Clínico de Magallanes.
El centro asistencial deberá remitir un informe especializado sobre la evolución neurológica de la paciente, precisando las secuelas físicas y cognitivas, la estimación del tiempo de hospitalización y si requerirá asistencia permanente de terceros.
En tal sentido, el abogado defensor particular, Alejandro Hijerra, explicó el alcance de lo dictaminado por el tribunal: “El Juzgado de Garantía de Rancagua por ahora no accedió al sobreseimiento temporal; sin perjuicio de ello, el tribunal entendió nuestra solicitud respecto al grave estado de salud de Rocío Irala y solicitó un oficio al Hospital Clínico de Magallanes para que informe sobre los alcances del daño neurológico, si puede o no participar en el juicio penal a futuro y determinar el deterioro cognitivo”.
Asimismo, el jurista señaló que atendiendo a la situación médica de su representada, “el tribunal accedió a sustituir la prisión preventiva por el arraigo nacional”.
Acciones por negligencia
En la misma audiencia se reveló que la imputada registró más de 20 atenciones psiquiátricas y consultas por ideación suicida durante su permanencia en el recinto penitenciario de Punta Arenas, ocurriendo el desenlace el mismo día en que había sido dada de alta.
Frente a estos antecedentes, la representación legal de la mujer confirmó el inicio de acciones administrativas. “Atendido a que existen antecedentes que nos permiten determinar que preliminarmente existió una negligencia médica, solicitamos un sumario administrativo al Hospital Clínico de Magallanes para determinar las responsabilidades de la funcionaria o de la médico psiquiatra, y además solicitamos un sumario administrativo en Gendarmería de Chile para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que estuvieron a cargo de Rocío”, precisó el jurista.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó un informe detallado a la institución penitenciaria sobre el historial de atenciones de la imputada. La discusión sobre la suspensión del procedimiento penal quedó programada para el próximo 15 de diciembre.