De acuerdo a lo
señalado en la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía para no perseverar
en la causa, el abogado querellante Javier Solís solicitó la reapertura de la
investigación, todo lo que se debatió en una audiencia de más de una hora.
Se indicó que en
este caso existen dos querellas por diferentes delitos. En la primera acción
judicial se solicitó investigar a los imputados Mario Ramírez González, Julián Mancilla Pérez, Rosa Vidal Cárdenas e
Hilda Barría Gallardo por apropiación indebida y contrato simulado, mientras
que por la estafa es sólo en contra de Julián Mancilla.
Los hechos
indican que se dieron en un contexto al interior del Colegio de Profesores de
Punta Arenas, donde la actual presidenta Flor Oyarzo, realiza esta querella en
contra de toda la directiva anterior. La querellante alude que mientras
Mancilla se desempeñaba como presidente del gremio, alude que suscribió un
contrato de trabajo con el Colegio de Profesores y los otros representantes del
gremio para administrar bienes al interior de la entidad, recibiendo Mancilla
un sueldo mensual de alrededor de un millón 800 mil pesos. El contrato señalaba
a Mancilla como trabajador.
La querella se
funda en la celebración de este contrato. Indica que es ilícito según lo
señalado por Flor Oyarzo, la querellante, ya que no correspondía que se realice
este contrato por los estatutos del Colegio, donde estaría prohibido que
personas que forman parte del directorio reciban dinero que no le correspondía.
En relación a la
querella por el delito de estafa, indica que mientras que Mancilla estuvo a
cargo del gremio, administrando inadecuadamente los bienes. Se revisó la
contabilidad, recibiendo bonos compensatorios a su nombre sin justificación
dentro de su labor, quien autorizaba que se pague el dinero a su favor.
La investigación
que comenzó en mayo de 2014, alcanzando alrededor de un año de diversas
diligencias, tomando declaraciones a los cuatro querellados.
De las
declaraciones, la fiscal Wendoline Acuña indicó que aportaron los antecedentes
necesarios. Además indicó que en la investigación se determinó que al ser un
gremio se rigen a su normativa y en virtud de eso, se determinó que no existe
prohibición en los estatutos de celebrar este tipo de contratos al interior del
gremio, descartando algún tipo penal, por lo que se decidió no perseverar en el
procedimiento.