El
conflicto por nombrar a un fiscal nacional aún sigue en nuestro país.
Hasta la mañana del miércoles la carta más probable era Juan Agustín
Meléndez -quien se desempeñaba como fiscal regional de Los Ríos, pero
asumió en forma interina la jefatura nacional del Ministerio Público-,
sin embargo, finalmente el Presidente Gabriel Boric optó por el abogado
penalista Ángel Valencia.
El
nombre de Juan Agustín Meléndez tiene relevancia en Magallanes, porque
tras egresar de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela
Mistral (1992), trabajó en la Fuerza Aérea de Chile (1995) y fue
designado como fiscal de Aviación de Punta Arenas.
Años
más tarde pasó a ser fiscal adjunto de Punta Arenas (noviembre 2004) y
luego a ser fiscal jefe de la ciudad (enero 2007). Más tarde, en enero
de 2010 fue designado como fiscal regional de Magallanes y la Antártica
Chilena.
Pese
su currículo, buenos comentarios de personeros de Gobierno,
parlamentarios y funcionarios ligados al área de Justicia, su carrera
para llegar a ser fiscal nacional finalmente terminó.
Cabe
recordar que Meléndez actualmente se desempeña como fiscal nacional
pero de forma subrogante, pero cuando se comenzó a hablar que podría
tomar el cargo de forma oficial, el senador Karim Bianchi arremetió
contra el exfiscal de Magallanes.
El
parlamentario aseguró que “me preocupa que tengamos hoy a ese fiscal a
cargo de la Fiscalía Nacional. Creo que no es la persona. Si exploramos
un nuevo Fiscal Nacional, no debiese ser Meléndez”.
Ambos tienen historia, todo comenzó en el
año 2015, cuando el fiscal regional de Magallanes solicitó una
“audiencia de formalización de cargos por los delitos de negociación
incompatible y fraude al Fisco respecto del senador Carlos Bianchi y de
su cuñada, Victoria Retamales”. En el caso del legislador, enfrentaba
cargos por fraude al Fisco y negociación incompatible, por lo que el
Ministerio Público pedía una pena de cuatro años y un día de presidio
por el delito de negociación incompatible y otros cinco por el de fraude
al Fisco, además de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Lo
que se acusó al senador Bianchi, en razón de su cargo, la suscripción
un contrato de arrendamiento de un inmueble en Punta Arenas, por un
monto de $850.000 mensuales, reajustable según IPC, para utilizarlo como
sede parlamentaria, figurando como arrendadora su suegra. Aquello era
considerado incompatible.
La
investigación finalmente terminó con el parlamentario absuelto en
diciembre de 2015 por el Tribunal de Garantía de Punta Arenas.