Ya
son 10 las regiones que tienen investigaciones en el denominado caso
Convenios, porque ahora se suma la Región de Magallanes. La Fiscalía
Regional indaga un eventual delito de fraude al fisco en el traspaso de
recursos desde la seremi de Vivienda a la Municipalidad de Porvenir, que
contrató, a su vez, a la fundación ProCultura. Nombre ya conocido en
esta causa.
El
fiscal regional, Cristián Crisosto, se refirió a esta nueva
investigación, cuyas diligencias están en manos de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI.
“Se
están investigando unos fondos que fueron entregados a la Municipalidad
de Porvenir, a su vez contrató a una fundación, de nombre Fundación
Procultura. Esto se está investigando, básicamente una posibilidad de un
delito de fraude al Fisco, y esto nace a partir un convenio suscrito
por la seremi de Vivienda y Urbanismo con la Municipalidad de Porvenir”, indicó el persecutor.
Mañana a las 9.30, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostendrá una reunión
con todos los persecutores regionales, donde se compartirán
antecedentes de las investigaciones que están en curso y sobre la
creación de fundaciones.
Además, el fiscal regional reconoció que la investigación se inicia tras la denuncia presentada por un diputado de la región.
Si
bien Crisosto no especificó quien fue el diputado que presentó la
denuncias, fue el propio Christian Matheson quien reconoció haber
realizado la entrega de los antecedentes.
Todo
se repunta al pasado 18 de julio, cuando el diputado Matheson se reunió
con el fiscal Crisosto, en la ocasión el parlamentario hizo entrega de
antecedentes que podrían ser constitutivos de delito y que, por la
posible gravedad de los mismos, fueron entregados de forma privada a la
autoridad regional.
Al
respecto el diputado Matheson señaló que “hoy día todos estamos
convocados a trasparentar y cuidar los recursos públicos que son de
todos los chilenos. Debemos ser serios, porque no podemos seguir
aceptando que unos pocos dañen nuestra institucionalidad, la fe pública y
la labor de importantes fundaciones como, por ejemplo: el Centro de
Rehabilitación del Club de Leones, que hace tan noble labor. Si alguien
piensa que se puede sacar un dividendo político con un hecho como éste,
está muy equivocado, mi actitud siempre será la misma. En mi rol de
fiscalizador he sido serio y responsable, es por eso que hace 15 días
atrás entregué antecedentes formales a la institución y hoy me entero de
que se iniciará una investigación al respecto”, agregó Matheson.
El
parlamentario, además agregó que “sinceramente espero que finalizada la
investigación se encuentre todo en orden, porque es muy indignante que
se haya creado una verdadera máquina para defraudar al Estado, y que
esto vaya en directo perjuicio de nuestros compatriotas. Es que para muy
pocos resulta creíble que se hayan adjudicado a dedo convenios
millonarios”.
En
este caso en particular de Porvenir, Matheson explicó que “quiero
destacar la diligencia y eficacia de la Fiscalía Regional de Punta
Arenas. Necesitamos organismos competentes, con profesionales de
altísimo nivel a cargo de investigaciones que lleguen hasta las últimas
consecuencias y trabajen de forma coordinada con otras instituciones
para que de forma colaborativa se puedan cruzar los datos necesarios de
la investigación en curso”.
Para
finalizar, Matheson, recalcó que “es importante entregar certezas a la
ciudadanía, no conjeturas. Hoy tenemos una ciudadanía que está informada
y está muy pendiente del “caso convenios”. Basta ya, de enlodar y poner
en jaque la probidad y fe pública. Para mayor justicia social se
requiere transparencia y ganas de trabajar de verdad por la clase media y
por quienes tienen más carencias”.
Alcalde Parada
El alcalde de Porvenir,
José Gabriel Parada, se refirió ayer al caso convenios en donde la
Fiscalía Regional anunció una investigación contra la Municipalidad de
Porvenir por un convenio realizado con la Fundación Procultura.
El
alcalde señaló que “la modalidad de trato directo con la cual se
contrató a la Fundación Procultura fue la de servicios especializados
para la etapa de diagnóstico del programa Pequeñas Localidades. Lo
anterior por cuanto la municipalidad no está en condiciones de asumir su
ejecución por la siguientes razones: la Municipalidad de Porvenir no
contempla, dentro de su planta de personal, el personal idóneo, con la
formación profesional o experiencia necesaria para el desarrollo de lo
anterior, puesto que, la planta municipal, según se fijó en el
Reglamento Municipal N°01, publicado en el Diario Oficial con fecha 19
de diciembre de 2019, únicamente regula las Unidades Municipales mínimas
de la Ley N°18.695, sin que se considere un perfil profesional
específico que implique el desarrollo de proyectos como el que se trata,
de forma tal que, las labores de que se trata no pueden ser
desarrolladas por personal propio del Municipio”.
Parada
fue claro en indicar que “no existe ilegalidad alguna en esta
contratación y en el actuar de la Municipalidad y cualquier declaración
en estos términos le compete a Contraloría, entidad a la cual se puede
presentar el requerimiento para que se analice por quien tiene
verdaderamente la competencia pata resolverlo”.
Finalmente,
la autoridad dijo que “los recursos no han sido transferidos a la
fundación, están bajo la administración y control del municipio, se va
cancelando de acuerdo con el cumplimento de los productos explicitados
en el convenio, previo informes y visto bueno, de las respectivas
unidades municipales, responsable de la ejecución del proyecto”.
Consejero regional Alejandro Riquelme
El
consejero regional Alejandro Riquelme se refirió a la investigación que
se iniciará por parte de Fiscalía por el convenio entre el municipio de
Porvenir y la Fundación Procultura.
Riquelme
señaló que “esto es solo la punta del iceberg, porque no hemos podido
revisar como se ha gastado casi $5 mil millones. El gobernador (Jorge)
Flies se ha rehusado y ocultado por casi un año la entrega de la
totalidad de la documentación de los proyectos financiados a estas
fundaciones, y me ha impedido indagar si existen delitos o
irregularidades y por ende, desarrollar mi labor de fiscalización y
supervigilancia que por ley tengo la obligación de ejercer como
consejero regional”.
Agregó
que “en particular la Fundación Procultura, nunca se le debió haber
entregado un solo peso. Primero; porque no tenía domicilio en
Magallanes, segundo porque tenía rendiciones pendientes según constató
Contraloría, tercero, no tenían el giro para desarrollar estas
actividades y finalmente porque triangulaban los dineros, que le
llegaban a las manos de empresas de los mismos directivos de la
fundación, que eran creadas un par de meses antes”.