El
fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, anunció ayer que el
Ministerio Público inició una investigación de oficio, para determinar
eventuales irregularidades en el caso de la Fundación Hernando de
Magallanes, a raíz de las denuncias públicas en este sentido realizadas
por el consejero Alejandro Riquelme.
“El
fiscal regional de Magallanes se ha enterado, a través de diversos
artículos de prensa, en medios nacionales y regionales que el consejero
regional Alejandro Riquelme, efectuó una denuncia pública sobre
supuestas irregularidades a raíz de ciertos aportes en dineros que
habría hecho el Gobierno Regional, a una fundación, en este caso, la
Fundación Hernando de Magallanes. Atendido esta denuncia pública, la
fiscalía ha iniciado una investigación de oficio, para investigar las eventuales irregularidades penales que importan estos hechos”.
Convenio cuestionado
La
Fundación Hernando de Magallanes recibió más de 900 millones de pesos
por parte del Gobierno Regional, a través del mecanismo de asignación
directa, a comienzos de este año, para llevar adelante una serie de
programas de apoyo a la gestión de salud, entre ellos, los más
importantes, un programa para disminuir las listas de espera
ginecológicas del Servicio de Salud Magallanes y además entregar
atención a expresos políticos.
Sin
embargo, tan pronto se conoció este convenio, surgieron voces como la
del abogado Alfonso Campos y el consejero Alejandro Riquelme quienes
cuestionaron los altos montos asignados en relación al número de
prestaciones convenidas.
La
semana pasada, se conoció, además, que esta fundación sin fines de
lucro había realizado parte de estas prestaciones a través de una
empresa privada, cuyo giro era el de consultoría de recursos humanos y
de una segunda empresa perteneciente a un hermano del presidente de la
fundación.
Riquelme declaró que había irregularidades e, incluso, eventuales delitos en el actuar de esta entidad sin fines de lucro.
Fundación se defiende
El
presidente de la fundación, doctor Alejandro Altamirano, habló con
Pingüino Multimedia, ocasión en que negó estas acusaciones y se defendió
afirmando que desde hace años operan junto al sector público, como una
institución conformada por profesionales ad honorem, que tercerizan
estas prestaciones y velan por su correcta ejecución de acuerdo con los
más altos estándares en materia de salud.