La
Ley de Entrevistas Videograbadas fue promulgada en enero y la Fiscalía
de la Región de Magallanes se alista a su implementación.
Esta
ley se comenzará a aplicar gradualmente a lo largo de Chile. Esto es
para asegurar que las regiones cuenten con los profesionales
especializados y la infraestructura necesaria. Así, el Estado
garantizará una adecuada cobertura y atención a los niños, niñas y
adolescentes, cuyos casos ingresen al Sistema de Justicia Penal.
Comenzará transcurridos seis meses después de publicado el reglamento en
el Diario Oficial y comprenderá seis regiones, entre ellas la Región de
Magallanes.
En
este sentido, la jefa de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y
Testigos (Uravit) de la Fiscalía de Magallanes, Alejandra Guevara, quien
además es la coordinadora de la implementación de la ley en Magallanes,
señaló que “es un proyecto altamente esperado por quienes trabajamos
con niños, porque beneficia la calidad de atención desde la óptica
personal, no solo como funcionario, piensas en que nadie está libre,
puede pasarle a un hijo o un sobrino.
Con este sistema uno ve la
posibilidad cierta de contar con un sistema altamente protector que
reduce en gran aspecto la victimización”.
Alejandra
Guevara aseguró que Magallanes está preparado para comenzar la
implementación. “Está la motivación, está la gente capacitada, así que
no deberíamos tener problemas en la implementación de la ley”.
Agregó
que desde el 2017 se está trabajando con un plan piloto. “Fui fiscal de
delitos sexuales y este cambio de perspectiva es total. Ya no se puede
llegar y preguntar, porque hay un contacto visual con la víctima,
cercanía, pautas y reglas de entrevista, lo que mejora absolutamente la
calidad de la información que estamos obteniendo de los niños”.
La
jefa de la Uravit señaló además que “grabar una entrevista es lo más
visible del sistema, pero esta ley es mucho más que eso. Desde que se
recibe la denuncia es prioridad para el otorgamiento de protección, el
volver a pensar que el niño, por muy corta edad que tenga, tiene
derechos, y nuestro deber como Fiscalía es controlar que esto sea
efectivo y que no exista manipulación. La ley aborda el proceso
completo, desde la denuncia al juicio, de lo contrario sería letra
muerta”, enfatizó.