Tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, frente a que se debe realizar un sumario administrativo al interior del Municipio de Punta Arenas debido a que el administrador Claudio Flores, en su calidad de alcalde (s), dejó de aplicar 18 multas a la empresa Servitrans, sin estar justificado dicho acto, diversas reacciones se han dado a conocer. Ayer, el mismo Flores, señaló que “ yo leí la resolución completa y en base a mi comprensión lectora, entiendo que lo que dice Contraloría es que el municipio se alejó de las bases administrativas y las especificaciones técnicas de la licitación, porque aplicamos multas de la forma en que no estaba previsto en las bases administrativas, por lo tanto, la decisión de dejar sin efecto las multas tiene que ver que en mi carácter de alcalde (s) al leer las bases y ver cómo habían sido aplicadas las multas claramente la asesoría jurídica y yo vimos que habíamos cursado mal las multas y eso fue ratificado por Contraloría, por lo tanto mi actuar fue el correcto y lo que ahora va hacer Contraloría es iniciar una investigación de por qué no se cumplieron las bases técnicas y administrativas”.
En tanto, el alcalde Emilio Boccazzi añadió que “hay un sumario como muchos otros, que lleva adelante la Contraloría y habrá que esperar los resultados de lo que arroje ese sumario, con respecto de la responsabilidad administrativa que pueda tener algún funcionario o este alcalde y no es el primer sumario que tiene este servicio como lo tienen muchos otros y por lo tanto lejos de quedarnos inactivos, nosotros seguimos trabajando y que bueno que sea la Contraloría quien lleve adelante una investigación como lo hace regularmente”.
Por su parte, el concejal José Aguilante (DC), manifestó que “lo que hace la Contraloría acogiendo esta solicitud que realizaron varios concejales, es establecer que existen una serie de situaciones que son cuestionables y que rayan en la irregularidad y que la misma Contraloría establece; en primer lugar que hubo un alcalde (s) que tomo la decisión de no cobrar una multa de 900 UF, lo que equivale a mas de 40 millones de pesos y ese fue un daño al patrimonio municipal y hoy quién responde frente a eso y además Contraloría establece que hubo ausencia de quien debió controlar el desarrollo de este contrato”.