Gabriel Boric insiste en que exministro es el responsable político de los daños ocurridos en el país

El
martes se desarrolló la primera de las dos sesiones especiales mediante
las que los integrantes del Senado conocieron y aprobaron la acusación
constitucional en contra del exministro del Interior Andrés Chadwick.

En
el libelo se responsabiliza políticamente al exsecretario de Estado en
relación a que no habría adoptado medidas para evitar violaciones a los
Derechos Humanos por parte de agentes del Estado durante el Estado de
Emergencia dictado en octubre pasado.

Tras
un resumen realizado por el secretario general de la Cámara Alta, Raúl
Guzmán, los diputados acusadores Marcos Ilabaca (PS), Gabriel Silber
(DC) y Gabriel Boric (CS), fundamentaron la acusación en contra de
Chadwick.

En
su intervención, Boric insistió en que Chadwick es el responsable
político de la situación e indicó que “el pueblo de Chile no aceptará
una respuesta que equivalga en la práctica a impunidad”.

Es
así que el parlamentario comenzó su intervención indicando que “parto
de la base de que aquí todos y todas compartimos el valor intrínseco de
los Derechos Humanos de todas las personas, sin importar sus ideas. Esta
acusación constitucional, por tanto, trata de la responsabilidad
institucional de un ministro de Estado en virtud de lo dispuesto en la
constitución”.

Continua
el parlamentario diciendo que “si no es el ministro del Interior el
encargado de la seguridad pública, ¿quién es el responsable político de
los hechos que han sucedido en el país? Porque la respuesta no puede ser
nadie”.

Boric
manifestó el haber visto lo que argumenta, explicando que “fui a
recorrer comisarías durante las noches del toque de queda, donde habían
varias personas durmiendo, o tratando de dormir, en el piso de la
comisaría, porque habían sido detenidas y hechas pasar la noche en la
comisaría por algo que corresponde ser sancionado como falta y sin
embargo estaban privadas de libertad”.

Finalmente,
el suspendido militante de Convergencia Social, señaló que “hoy día
tenemos la oportunidad única de, en democracia, no tener que esperar 30
años para decir de manera clara que no habrá impunidad respecto a las
graves violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido en nuestro
país”.

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